El Gobierno de Viktor Orbán rechazó de forma tajante el informe del Pacto Europeo de Migración correspondiente al primer trimestre, que asegura que el país «no enfrenta presión migratoria relevante». Budapest considera que la evaluación es completamente «desconectada de la realidad» y responde a criterios políticos, no a los datos que manejan las fuerzas de seguridad húngaras.
El jefe de Asuntos de Seguridad Interna del primer ministro, György Bakondi, recordó que sólo en lo que va de año se han detenido 12.000 infractores fronterizos en el perímetro con Serbia, una cifra que desmiente la supuesta ausencia de presión migratoria. En los últimos años, añadió, más de un millón de personas fueron interceptadas intentando cruzar ilegalmente hacia Hungría, mientras que 1,4 millones de refugiados procedentes de Ucrania entraron en su territorio desde febrero de 2022.
Bakondi subrayó además que Hungría no sólo defiende sus propias fronteras: también despliega agentes en los puntos más vulnerables del espacio Schengen, como el límite búlgaro-turco y la frontera serbia-normazedonia, para cortar los flujos migratorios antes de que alcancen Centroeuropa. Para Budapest, esta labor, ignorada por la Comisión Europea, es esencial para la seguridad del continente.
El asesor acusó a Bruselas de mantener una «doble vara de medir» y de no haber aprendido nada desde la crisis migratoria de 2015, cuando las estaciones de Bicske, Debrecen o la Keleti de Budapest colapsaron con miles de migrantes acampando en plena vía pública. Hungría insiste: no repetirá aquel escenario ni permitirá que se reproduzcan en su territorio los problemas de delincuencia, inseguridad y tensión social que sufren otras capitales europeas.
El Gobierno húngaro defiende que su política migratoria —basada en fronteras físicas, control estricto y cooperación policial internacional— ha demostrado resultados y se ha convertido en un pilar de su seguridad nacional.
