El Gobierno de Países Bajos ha iniciado formalmente el procedimiento para retirar el reconocimiento provisional a Ongehoord Nederland (ON!), una cadena de derechas integrada desde 2022 en el sistema público neerlandés y conocida por cuestionar el consenso dominante en asuntos como inmigración, cambio climático, Unión Europea e identidad nacional.
La ministra de Educación, Cultura y Ciencia, Rianne Letschert, perteneciente al partido liberal-progresista D66, anunció la decisión este 8 de septiembre después de reunirse con el director de ON!, Peter Vlemmix.
La medida supone el instrumento más severo del que dispone el Gobierno contra una radiotelevisión pública, aunque la emisora no desaparecerá inmediatamente: tendrá derecho a presentar alegaciones y podrá recurrir judicialmente cualquier resolución definitiva.
Letschert sostiene que la decisión no responde a las posiciones ideológicas de la cadena, sino a un supuesto patrón continuado de incumplimientos desde su incorporación al sistema público.
«Existen reglas claras para las cadenas que quieren hacer programas con dinero público. Si repetidamente no se cumplen, llega un momento en que debe terminar», afirmó.
El regulador dice haber perdido la confianza en ON!
El Ejecutivo invoca tres fundamentos jurídicos para justificar el procedimiento: la valoración negativa del regulador audiovisual, la petición de expulsión presentada por la radiotelevisión pública NPO y dos sanciones formales impuestas durante el último año.
El Commissariaat voor de Media sostiene que ON! ha incumplido estándares periodísticos, obligaciones administrativas y normas relativas al uso de fondos públicos, hasta el punto de afirmar que ya no confía en que la organización pueda corregir su funcionamiento.
Entre las sanciones anteriores figuran una multa por conflictos de intereses e incumplimiento del estatuto editorial y una orden acompañada de penalización económica después de que la cadena no entregara toda la documentación de su administración financiera.
La NPO, que anteriormente había considerado insuficiente la base legal para reclamar la expulsión de ON!, cambió de posición el pasado 7 de septiembre y pidió oficialmente al Gobierno que retire su reconocimiento. El organismo asegura que la cooperación con la cadena se ha convertido en «insalvable».
Una voz alternativa dentro de la televisión pública
ON! fue fundada en 2019 y obtuvo en 2021 un reconocimiento provisional para incorporarse al sistema público durante cinco años. Comenzó sus emisiones en 2022 con una subvención anual aproximada de 3,6 millones de euros.
Desde su nacimiento se presentó como contrapeso al tratamiento informativo de las grandes cadenas públicas, al considerar que existía un sesgo estructural en cuestiones como inmigración, soberanía nacional, clima o integración europea.
Su presencia dentro del sistema ha generado enfrentamientos continuos con el resto de operadores y con el defensor del espectador de la televisión pública, que ha acusado en distintas ocasiones a la cadena de mezclar información y opinión o de difundir afirmaciones insuficientemente verificadas.
Una amplia mayoría de la Cámara de Representantes ha reclamado medidas contra ON!, mientras el Parlamento debatirá el futuro del modelo público el próximo 24 de septiembre.
