El Gobierno del Reino Unido ha aceptado como refugiados a una pareja de inmigrantes ilegales procedentes de El Salvador tras alegar que las pandillas les impedían continuar su relación en sus ciudades de origen.
El hombre, que no está casado con la mujer, huyó de El Salvador después de ser amenazado por la pandilla local durante sus visitas al pueblo donde vivía su novia. Entonces se le concedió asilo en el Reino Unido al considerar que enfrentaba un riesgo de persecución si regresaba a su país.
La novia se reunió con él en el Reino Unido y obtuvo también un permiso para quedarse en el país tras argumentar que su deportación violaría su «derecho a la vida familiar«, amparado en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
Un tribunal de inmigración dictaminó que los deseos de la pareja de «permanecer juntos en el Reino Unido» pesaban más que el «interés público en el control de la inmigración».
Esto ocurrió a pesar de que ambos son solicitantes de asilo que «no trabajan, no hablan inglés y no son autosuficientes». Además, como solicitantes de asilo, tienen derecho a 49,18 libras semanales para comida, ropa y artículos de higiene, además de alojamiento en un apartamento, casa, albergue o bed and breakfast.
El caso, revelado en documentos judiciales de los que se ha hecho eco The Telegraph, es el último ejemplo sobre cómo inmigrantes ilegales o criminales extranjeros están utilizado las leyes de derechos humanos para evitar su deportación y permanecer en el Reino Unido.
Entre otros casos similares, se encuentra el de un criminal albanés que evitó la deportación tras argumentar que su hijo tenía aversión a los nuggets de pollo extranjeros, así como el de un pedófilo paquistaní encarcelado por delitos sexuales contra menores, pero que escapó de la deportación al considerarse que sería «excesivamente duro» para sus hijos.
El ministro del Interior en la sombra, Chris Philp, ha criticado la decisión. «La violencia de pandillas en El Salvador se ha reducido de manera sustancial. Extender los derechos familiares a la novia de alguien, con quien el hombre ni siquiera está casado, es un paso demasiado lejos», ha argumentado.
«Los derechos familiares fueron concebidos para evitar que las familias y los niños se disgregaran en la guerra, no como una puerta trasera para la inmigración. Este es otro caso que demuestra por qué es necesaria una reforma fundamental de la legislación en materia de derechos humanos», ha añadido Philp.
Las solicitudes iniciales de asilo de la pareja fueron rechazadas por el Ministerio del Interior tras su llegada al Reino Unido en marzo de 2020. Sin embargo, apelaron y el hombre obtuvo el permiso. La mujer alegó su derecho a la vida familiar bajo el CEDH y un tribunal de primera instancia respaldó su reclamación, aunque su solicitud de asilo fue denegada. Posteriormente, apeló una segunda vez con resultado positivo.
El tribunal superior, que revisó su apelación, recibió información sobre el contexto de la pareja. El hombre había vivido en Comasagua, una zona controlada por la pandilla Barrio-18, mientras que la mujer residía en San Marcos. Él la visitaba con frecuencia, hasta que la pandilla MS-13 lo amenazó en tres ocasiones y le advirtió de que correría la misma suerte que su primo, quien «desapareció», si regresaba.
Los jueces aceptaron entonces que el hombre enfrentaba un «riesgo real de persecución» si volvía a El Salvador, lo que le otorgaba protección bajo la Convención sobre Refugiados.
También concluyeron que la pareja sólo podía llevar una vida normal en El Salvador con un «riesgo significativo» para uno o ambos.
«La alternativa, por temor a sufrir daño, es permanecer ocultos o dejar de visitarse. Ninguna de estas situaciones es aceptable. Es lamentable que, en tales circunstancias, pueda ser necesaria la protección internacional», dictaminó el tribunal.
El juzgado añadió que «las pandillas criminales se han arraigado tanto en el aparato del Estado (de El Salvador) que están más allá del control democrático y son inmunes a las fuerzas del orden».
Bajo estas circunstancias, los jueces determinaron que era «absolutamente imposible» para la pareja mantener su relación en El Salvador sin exponerse a riesgos graves, especialmente el hombre.
