El gobierno neerlandés, bajo el liderazgo del primer ministro Dick Schoof, ha anunciado que solicitará la exclusión voluntaria de las normativas de la Unión Europea sobre asilo y migración, una medida sin precedentes para un país fundador de la UE. Este ambicioso plan, presentado en el programa de gobierno del pasado viernes, ha sido calificado como simbólico y difícil de ejecutar, ya que modificar la legislación europea en este ámbito es un asunto delicado que podría desencadenar demandas similares de otros países.
La propuesta neerlandesa plantea un desafío a las normas de migración del bloque, lo que ha generado inquietud entre otros Estados miembros. Si los Países Bajos fueran excluidos del sistema migratorio de la UE, se teme que muchos solicitantes de asilo se desplacen hacia países vecinos, lo que podría desatar una crisis. Sin embargo, el gobierno neerlandés argumenta que ya no puede gestionar la «enorme afluencia» de personas que buscan protección internacional en su territorio, afirmando que el país ha recibido a unos 48.500 solicitantes de asilo y sus familiares sólo en 2023, con predominancia de sirios, turcos, yemeníes, somalíes y eritreos.
Hasta que la exclusión voluntaria sea evaluada, el ejecutivo de Schoof ha asegurado que seguirá implementando el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, que fue aprobado en mayo de 2024 tras arduas negociaciones de casi cuatro años. Este pacto introduce un mecanismo de «solidaridad obligatoria», que ofrece a los países tres opciones para gestionar a los solicitantes de asilo: reubicarlos, pagar 20.000 euros por cada persona rechazada o financiar apoyo operativo. Según el programa de gobierno, los Países Bajos han optado por el apoyo financiero en lugar de la reubicación de solicitantes.
Anticipándose a la solicitud neerlandesa, la Comisión Europea subrayó que los Estados miembros están obligados a respetar las leyes vigentes de la UE, y que cualquier excepción debe ser negociada antes de su adopción, no después. «No es posible optar por no cumplir la legislación una vez adoptada», declaró un portavoz de la Comisión.
El programa de gobierno fue consensuado por los cuatro partidos que conforman la coalición en los Países Bajos: el PVV, partido patriota; el VVD, conservador-liberal; el BBB, de corte populista y pro-agricultores; y el NSC, un partido de centro-derecha. Schoof, quien no pertenece a ninguna de estas formaciones, fue elegido como una figura neutral para liderar este nuevo gabinete.
La solicitud de exclusión voluntaria es solo una parte de un conjunto más amplio de medidas que buscan endurecer el sistema de asilo del país, una de las promesas clave del gobierno de Schoof. El plan incluye legislación de emergencia que otorgará amplios poderes para congelar solicitudes de asilo y deportar por la fuerza a aquellas personas que no tengan derecho de residencia. Además, se plantea la deportación de solicitantes tan pronto como su país de origen sea considerado «seguro», un concepto que ha sido criticado por diversas ONG.
