En una conferencia el martes 11 de septiembre, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, reconoció que las acciones que está aplicando su Ejecutivo para «restaurar» el «orden constitucional» después de ocho años de gobierno conservador pueden no ser «plenamente compatibles con las disposiciones de la ley».
«Si queremos restablecer el orden constitucional y los fundamentos de la democracia liberal, probablemente cometeremos errores o acciones que, según algunas autoridades jurídicas, serán incompatibles o no se ajustarán plenamente a las disposiciones de la ley«, admitió el primer ministro.
Premier @DonaldTusk w #Senat: Jeśli chcemy przywrócić ład konstytucyjny oraz fundamenty liberalnej demokracji, musimy działać w kategoriach demokracji walczącej. Oznacza to, że prawdopodobnie nie raz popełnimy błędy lub podejmiemy działania, które według niektórych autorytetów… pic.twitter.com/rPcJTYSbkx
— Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 10, 2024
Tusk intentó así justificar una reciente decisión suya que expertos en Derecho Constitucional y del partido conservador Ley y Justicia (PiS) —antes en el Gobierno— han calificado de «ilegal».
El primer ministro rubricó con su firma el nombramiento de un juez. Cuando se dio cuenta de que este magistrado no pertenecía a su «bando» político, decidió retirar esa firma. Según argumentó, había cometido un «error» porque firma «cientos de documentos», a veces «docenas al día», y el funcionario encargado de preparar la rúbrica no se dio cuenta de la «naturaleza política» del documento en cuestión. Además, aprovechó sus declaraciones para arremeter contra su predecesor en el cargo, Mateusz Morawiecki, a quien acusó de haber intentado «destruir el orden constitucional y no de fortalecerlo o construirlo».
Estas acusaciones siguen la línea de las promovidas por la Unión Europea (UE), que protagonizó una caza de brujas contra el anterior gobierno polaco. El PiS atrajo las críticas y la presión de Bruselas con sus posturas soberanistas, antiinmigración, antiabortistas y antiwoke, y recibió el castigo del bloque comunitario con la retención de miles de millones de euros de fondos comunitarios.
Ahora que Donald Tusk se encuentra en el poder, Bruselas no se muestra tan sensible con las violaciones del «Estado de derecho». Las instituciones de la UE no han criticado la detención de diputados del PiS, las redadas que también se han producido contra exministros ni la destitución de funcionarios designados por la formación de Morawiecki de tribunales y cargos públicos. De hecho, la UE ha descongelado los fondos que había bloqueado durante el gobierno del PiS.
