La caída de la natalidad, el aumento de la delincuencia, el envejecimiento de la población, los cientos de miles de inmigrantes camuflados como refugiados, el hundimiento del Estado del Bienestar, el empobrecimiento social, la locura de la lucha contra cambio climático, las cuotas de mujeres obligatorias en los consejos de dirección, la subida de impuestos, la marcha de empresas a Estados Unidos por el precio de la energía, el fracaso del reclutamiento de soldados para las Fuerzas Armadas…
La lista de problemas de la antes admirada Alemania es larga. La guerra de Ucrania y los objetivos del globalismo los están mostrando o agravando. Y la reacción de la gran empresa consiste no en reclamar a los políticos que los solucionen, sino en exigir a sus empleados que no voten al único partido que no tiene responsabilidad en el desastre social y económico en que se está convirtiendo el país más grande la UE.
Desde hace meses, los ejecutivos de las principales multinacionales alemanas están arremetiendo contra Alternativa para Alemania (AfD) porque el programa de este partido, opuesto a la inmigración incontrolada, es malo para sus negocios.
Uno de los directivos que más se han significado es Roland Busch, consejero delegado de Siemens desde 2021, que en febrero defendió en Linkedin la inmigración y criticó los planes de expulsión de residentes ilegales de AfD. «Es bueno e importante que defendamos una Alemania abierta y libre, y nos opongamos claramente al extremismo de derechas. Me preocupan mucho los planes de expulsión de Alemania. Me parece cínico e inhumano. Rechazo el extremismo, el racismo y la discriminación, y en Siemens los rechazamos en los términos más enérgicos posibles». Y añadió que «la extrema derecha perjudica a nuestro país y pone en peligro nuestra prosperidad», que se basa «personas que vienen a nosotros y quieren aportar su contribución y sus capacidades».
Poco después de la oleada de refugiados verdaderos y falsos en el verano 2015 que alentó la entonces canciller Angela Merkel (CDU) se supo que algunos de ellos trabajaban por un euro la hora. Así no se pagan pensiones.
Hace unos días, los directivos de treinta multinacionales alemanas, que emplean a 1,7 millones de personas, presentaron un manifiesto titulado Defendemos los valores, contra AfD. En la presentación, participó Busch, que dijo: «Nuestra alianza defiende el respeto, la tolerancia, la apertura y la diversidad. Los extremistas y racistas cuestionan estos valores y al mismo tiempo ofrecen soluciones aparentemente sencillas a los complejos problemas de nuestro tiempo».
En esa treintena de empresas, además de Siemens, figuran Bayer, BMW, Allianz, Volkswagen, Deutsche Bank, Ford, RWE, Thyssen y 02 Telefónica. Varias de ellas han sido condenadas por delitos gravísimos.
Por ejemplo, Volkswagen vendió 11 millones de vehículos entre 2009 y 2015 de motor diésel cuyos medidores de partículas contaminantes estaban manipulados. La empresa tuvo que pagar cientos de millones de euros en multas y acuerdos extrajudiciales. La eléctrica RWE envió a la Policía a desalojar a los vecinos del pueblo de Lützerath para explotar una mina de carbón. Y el Deutsche Bank tuvo que pagar 75 millones de dólares de multa por haberse beneficiado del entramado de negocios y chantaje montado por el financiero Jeffrey Epstein, dueño de una isla-burdel.
Pero el peor caso corresponde precisamente a Siemens, cuyo consejero delegado no para de dar lecciones de moralidad y decencia a los ciudadanos. En 2006, una investigación interna descubrió que altos empleados del grupo de tecnología y energía habían «invertido» al menos 420 millones de euros en pagar sobornos, desde Argentina a China, para obtener contratos.
La multinacional tuvo que abonar unos 1.500 millones de euros en multas a las autoridades de Estados Unidos y Alemania. Los tribunales griegos condenaron en 2019 a penas de entre 6 y 15 años de cárcel a 22 procesados por lavado de dinero y soborno. El entonces consejero delegado de Siemens, Heinrich von Pierer, dijo que él nunca supo nada de esa trama, pero dimitió.
Ronald Busch dirige Siemens desde hace tres años. No es responsable de esa corrupción, pero su sueldo y sus bonus provienen de una empresa enriquecida mediante el delito.
En un ejemplo de la compenetración entre La Moncloa y su equipo de opinión sincronizada, en cuanto El País publicó la noticia de ese manifiesto, el presidente Pedro Sánchez pidió a las empresas españolas que hicieran otro tanto y despotricasen de VOX. ¿Se atreverán las grandes familias y los ejecutivos del Ibex-35 a decir a sus empleados que no pueden votar a VOX?
