El Partido Laborista, liderado por Sir Keir Starmer, enfrenta fuertes críticas tras presentar propuestas para modificar las leyes electorales del Reino Unido. Entre los cambios más polémicos se encuentra la posibilidad de permitir que millones de ciudadanos extranjeros puedan votar en elecciones nacionales y eliminar los requisitos de identificación con fotografía, introducidos en 2022 para combatir el fraude electoral.
Las propuestas, respaldadas por el Instituto de Investigación de Políticas Públicas (IPPR), un grupo de expertos asociado al laborismo, han sido calificadas como un intento de «manipular» las próximas elecciones. Según el IPPR, es necesario debatir la relación entre ciudadanía y derechos de voto en el Reino Unido. El informe también sugiere relajar las normativas actuales sobre identificación de votantes y registrar automáticamente a jóvenes antes de cumplir los 16 años, lo que podría añadir hasta 700.000 nuevos votantes al censo electoral anualmente.
Estas medidas han generado alarma entre los partidos de oposición. El exministro conservador Sir Jacob Rees-Mogg afirmó que «el derecho a votar es un privilegio que debe reservarse a quienes han demostrado un compromiso total con el país, como los ciudadanos británicos». Rees-Mogg también cuestionó la validez de permitir que ciudadanos de la Commonwealth voten, señalando que esta práctica, heredada de épocas coloniales, debería revisarse en el contexto actual de migración elevada.
Peter Bedford, otro parlamentario conservador, calificó las propuestas de «profundamente preocupantes». «Ampliar el derecho al voto a cinco millones de extranjeros socavaría la confianza del público en nuestro sistema electoral. En lugar de centrarse en manipular elecciones, el Partido Laborista debería abordar problemas reales como la crisis energética, el apoyo a los mayores y el acceso a la sanidad», afirmó Bedford.
Los líderes conservadores también han expresado su preocupación por el impacto de estas reformas en el sistema democrático británico. Nigel Huddleston, copresidente del Partido Conservador, acusó al Partido Laborista de intentar asegurar su ventaja electoral al «hacer la vista gorda» al fraude y facilitar el voto a grupos que tradicionalmente los apoyan.
La propuesta de otorgar el voto a jóvenes de 16 y 17 años es otra medida que ha generado controversia. Críticos, como la exministra Esther McVey, han señalado que esta estrategia busca favorecer al Partido Laborista, ya que los votantes más jóvenes tienden a inclinarse hacia políticas progresistas. Rishi Sunak, ex primer ministro, advirtió antes de las elecciones generales de 2024 que estas reformas causarían «daño irreversible» al sistema democrático británico.
Mientras tanto, el Partido Laborista defiende que las medidas buscan modernizar el sistema electoral y garantizar una representación más inclusiva. Sin embargo, la oposición considera que estas propuestas comprometen la integridad de las elecciones y priorizan intereses partidistas sobre las preocupaciones de los ciudadanos. El debate sobre estas reformas promete ser uno de los puntos más controvertidos en la agenda política del Reino Unido en los próximos meses.
