El Parlamento Europeo no debatirá en mayo el incumplimiento del Código de Fronteras Schengen (CFS) en la Verja de Gibraltar por decisión del Partido Popular Europeo y del grupo socialista, que han votado en contra de aplicar el procedimiento de urgencia a la petición presentada por el grupo Patriotas por Europa.
La solicitud fue impulsada tras la denuncia de un inspector jefe de la Policía Nacional, responsable del puesto fronterizo de La Línea de la Concepción, que fue cesado y suspendido por exigir el cumplimiento del reglamento europeo con los ciudadanos gibraltareños.
Así, advierte que durante años se permitió el paso de gibraltareños sin exigir pasaporte, justificar la entrada ni sellar el documento de viaje. Esta práctica, denunciada por el propio responsable del puesto, se impuso mediante órdenes verbales sin respaldo jurídico ni instrucción escrita —en contra de lo que exige la normativa—.
El conflicto se remonta a noviembre de 2024, cuando el inspector jefe presentó una denuncia por prevaricación y coacciones contra varios superiores jerárquicos acusándoles de ordenar la omisión de controles fronterizos.
Ante el vacío legal, el mando policial decidió aplicar el Código Schengen. Esta actuación le valió varios expedientes disciplinarios, y terminó con su destitución y suspensión de empleo y sueldo por cinco meses. La situación se agravó tras las quejas del Gobierno gibraltareño, que reaccionó exigiendo pasaportes a miles de trabajadores españoles, provocando largas colas en la frontera.
En paralelo, el Gobierno de Pedro Sánchez intentó restar importancia al caso. En una respuesta parlamentaria fechada el 26 de marzo, el Ejecutivo afirma escuetamente que «se respeta y cumplimenta el Código de Fronteras Schengen en todos sus términos», y que «no existe una orden escrita que exija cesar los controles». No menciona Gibraltar ni La Línea de la Concepción pese a tratarse del punto central del conflicto.
Cuatro diputados de VOX preguntaron al Gobierno en el Congreso si existía algún acuerdo con el Reino Unido para suavizar los controles fronterizos y si se había ordenado evitar pedir pasaportes a los residentes en Gibraltar. La contestación del Ejecutivo no ofreció aclaraciones sustantivas.
La Comisión Europea ha admitido a estudio la denuncia. Según indicó por escrito Angelina Gros Tchorbadjiyska, jefa de unidad de la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior, se está analizando el caso «a la luz del Derecho de la Unión aplicable», recordando que cualquier infracción del reglamento —incluso por parte de autoridades locales o intermedias— es responsabilidad del Estado miembro implicado.
A pesar de ello, el voto negativo del PP europeo y de los socialistas en la Comisión de Peticiones ha impedido que el Parlamento aborde el caso en mayo. Patriotas por Europa, que había solicitado el tratamiento por el procedimiento de urgencia, ha denunciado que el bloqueo institucional «protege una práctica ilegal«.
