«Ser es defenderse», RAMIRO DE MAEZTU
presentada por ciudadanos

El PP vota a favor en el Parlamento Europeo de una resolución que menciona el aborto como «derecho humano»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo. Europa Press

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, más conocido como Convenio de Estambul, ha recabado desde 2011 la firma de 45 países, siendo posteriormente ratificado por 37 de estos. La Unión Europea (UE), como entidad supranacional, lo firmó en 2017, pero hasta ahora varios Estados Miembros han bloqueado en el Consejo de la UE su ratificación. 

Casi seis años después de esa firma, el Parlamento Europeo aprobó el pasado 15 de febrero una resolución con la que urge al Consejo a proceder con la ratificación, aun sin unanimidad. A juicio de la Eurocámara, basta con que la mayoría se lo imponga al resto, a quienes recrimina sus reservas hacia el Convenio. La ratificación de este por la mayoría del Consejo no implicaría su confirmación por parte de los Estados Miembros que todavía no hayan pasado por el aro (Hungría, Bulgaria, Letonia, Lituania, Eslovaquia y República Checa), por lo que, mediante una larga relación de enérgicas condenas y el mismo tono que el señor feudal usaba con los siervos de la gleba, el Parlamento pretende meter en vereda a aquellas naciones de Europa aficionadas al vicio de librepensar. Por ejemplo, Polonia, cuyo Tribunal Constitucional va a revisar ahora que el Convenio no entre en contradicción con su Carta Magna mientras el Gobierno de Morawiecki prepara un «convenio de los derechos de las familias» que reemplace al de Estambul. 

La resolución de la Eurocámara deja claro que no se tolerará ninguna alternativa a este —la que sea—, porque dichas opciones «difieren fundamentalmente de los derechos humanos». En el ínterin, a los derechos humanos se les ha añadido el aborto de tapadillo. En efecto, lo que más sorprenderá de la resolución aprobada a quienes no hayan prestado atención a cómo nos deslizábamos todos estos años por la pendiente resbaladiza, es la consagración que hace del aborto: de acuerdo con el texto aprobado, aquellos países que lo restringen mediante leyes —descritas en los considerandos de la resolución como «inhumanas»— están vulnerando los derechos humanos de las mujeres.

En esto ha tenido mano una española: la eurodiputada de Ciudadanos (Cs) Soraya Rodríguez firma la enmienda que introdujo en la resolución la frase «las leyes sobre el aborto restrictivas y la falta de aplicación vulneran los derechos humanos de las mujeres». Enmienda que, además, convirtió el apartado 4 de la moción en un auto de fe contra los Estados provida. Rodríguez —socialista a fuer de liberal, que diría Indalecio Prieto— decidió tomarse la molestia de enmendar el texto original para someter a todos los países de la UE que no comparten el entusiasmo abortista a un calculado escarnio público. La realidad es que la acusación les confiere a estos un timbre de honor: confrontados por la inquisidora, que les exige poner al aborto en pie de igualdad con el derecho a la vida, estos países pueden declarar «eppur si muove».

Polonia, Hungría, Eslovaquia, Malta e Italia son llamados uno a uno a subir al cadalso que la eurodiputada de Cs ha preparado para ellos. En su celo, Rodríguez llega incluso a declarar ilegítimo el Tribunal Constitucional de Polonia, a pesar de que en España su todavía partido hace tiempo que se sumó a la tesis de que cuestionar la legitimidad de las instituciones (por ejemplo, la de un Ejecutivo que, para gobernar, necesita apoyarse en los enemigos declarados de la Nación) es crispar. Como el alumno aventajado del zeitgeist moderno es Francia, que quiere blindar el aborto en su Constitución, a Francia dirige sus loas Soraya Rodríguez, al tiempo que llama a incluir «el derecho al aborto seguro y legal en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE», como ya había pedido Macron

Todo esto lo ha hecho suyo el Europarlamento al aprobar la enmienda de Rodríguez, pero hay más. Numerosa chatarra ideológica —alguna de muy nuevo cuño, como la «violencia obstétrica» y la «violencia vicaria», que el lector recordará haber oído en labios de Irene Montero— se ha abierto camino hasta el texto aprobado entre la adhesión fervorosa de la izquierda y la negligencia criminal del Partido Popular. Así, por ejemplo, la resolución afirma que la «cultura de la violación» es «un problema generalizado en toda Europa y en el mundo entero», como si las actitudes europea e islámica ante la violencia ejercida contra una mujer fuesen conmensurables, o como si obligar a la víctima de una violación a casarse con su agresor fuese tan plausible en Toledo como en Islamabad. 

La inclusión de tanto artículo de fe ideológica, sin embargo, no impide al legislador europeo acordarse de condenar «la afirmación y la aceptación de teorías y conceptos no científicos en los casos de custodia para […] denegar la custodia del menor a la madre y concederla al padre acusado de violencia de género». Mismos términos en los que la Ley Rhodes del Gobierno socialcomunista español tacha de anatema la sola mención al síndrome de alienación parental, observable en muchos menores que han sido privados de la compañía de uno de sus padres. 

Asimismo, la resolución compra y propala el relato de que «en muchos casos» la Policía somete a las mujeres denunciantes a «comentarios degradantes», y alude a los «estereotipos y sesgos de género en el sistema judicial», ignorando, por supuesto, que, al menos en el caso concreto de España, más de la mitad de los jueces son mujeres y en aumento. 

El texto aprobado, en resumen, es una colección de clichés y de dogmas repetidos ad nauseam por la izquierda woke y sus filiales mediáticas, una gota malaya que ha conseguido trepanar el cráneo de sus señorías del centroderecha, encharcándoles los sesos. Al margen de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo —que, por descontado, votó en bloque contra la resolución—, de los eurodiputados españoles únicamente dos eurodiputados del PP dejaron de emitir un voto favorable. El resto consintió en rubricar con su sufragio que el aborto es un derecho humano y que restringirlo legalmente equivale a ejercer violencia machista. 

Oponerse habría implicado el esfuerzo consciente de romper con la inercia y plantarse ante el enloquecido signo de los tiempos, y ya sabemos que, pudiendo dejarse arrastrar por la corriente, al PP eso le da infinita pereza. No hablemos ya de Cs, cuyos restos, afanados en que no los llamen fachas, tratan de montarse en marcha en la locomotora del progreso (hacia dónde se progresa es lo de menos). Y así, como decía Burke, el mal avanza porque los hombres buenos (¿todavía pueden llamarse buenos?) no hacen nada. 

+ en
.
Fondo newsletter