La Fiscalía de Polonia ha abierto una investigación —según el fiscal adjunto— contra el primer ministro, Donald Tusk, su equipo de gobierno y varios altos cargos del Parlamento y del poder judicial tras una denuncia presentada por Bogdan Świeczkowski, presidente del Tribunal Constitucional.
Świeczkowski acusa al Ejecutivo de actuar como una «organización criminal» para debilitar el Estado de derecho y desmantelar el sistema estatal. La denuncia incluye al primer ministro, todos sus ministros, el presidente del Sejm (cámara baja del Parlamento), el presidente del Senado, el líder del Centro Legislativo Gubernamental (RCL), y varios jueces y fiscales.
El presidente del TC aseguró en una rueda de prensa este miércoles que el Gobierno de Tusk ha estado operando «como un grupo criminal organizado» con la intención de alterar el sistema constitucional de Polonia y socavar instituciones como el Tribunal Supremo y el Registro Nacional de Tribunales.
Según el eurodiputado Patryk Jaki (PiS), en el primer año de mandato de Tusk han cometido diversas infracciones contra el Estado de derecho: encarcelamiento de políticos sin un juicio justo, control de órganos judiciales, intervención en medios de comunicación públicos, recorte de fondos a partidos de la oposición y desacato a sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo.
Świeczkowski declaró que estos actos constituyen un «delito de golpe de Estado«, penado con entre diez años de prisión y cadena perpetua, según el código penal polaco. Dado que el ministro de Justicia y fiscal general, Adam Bodnar, también está entre los acusados, Świeczkowski solicitó al fiscal general adjunto, Michał Ostrowski, que asuma la dirección de la investigación. Ostrowski confirmó que el proceso ya está en marcha, aunque su superior y otros fiscales lo negaron.
En respuesta a estas acusaciones, Tusk ha publicado un video en X (antes Twitter), en el que se muestra jugando al ping-pong en su oficina, ridiculizando las imputaciones. No obstante, Świeczkowski ha insistido en que la situación es grave y ha advertido de que «dentro de un año o seis meses, las fuerzas armadas o la Policía podrían salir a las calles para contener las protestas sociales». También ha sugerido que, si el bloque conservador gana las elecciones presidenciales de mayo, el Gobierno podría no aceptar los resultados, desencadenando disturbios y posibles enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Świeczkowski ha añadido que desconoce quién podría estar liderando esta «organización criminal» y no ha descartado la participación de actores extranjeros, afirmando que será tarea de los fiscales determinarlo. Se especula que funcionarios de la Unión Europea podrían estar implicados por el pasado de Tusk como expresidente del Consejo Europeo y su cercanía con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
De hecho, la Comisión Europea desbloqueó recientemente 110.000 millones de euros en fondos de la UE que habían estado congelados sin que Tusk hubiera implementado las reformas exigidas a la anterior administración, lo que demuestra que la UE utiliza el Estado de derecho como herramienta política para favorecer a un gobierno alineado ideológicamente.
