El presidente polaco, Karol Nawrocki, ha anunciado el envío formal al Senado de una propuesta para celebrar un referéndum nacional sobre la política climática de la Unión Europea, una iniciativa que amenaza con elevar todavía más la tensión entre Varsovia y Bruselas en torno al Pacto Verde Europeo y la transición energética impulsada desde las instituciones comunitarias.
La consulta, que el jefe del Estado quiere celebrar el 27 de septiembre de 2026, todavía necesita el visto bueno de la Cámara Alta polaca, donde la coalición del primer ministro Donald Tusk mantiene mayoría parlamentaria. El debate podría producirse durante la sesión prevista para los próximos días 20 y 21 de mayo.
La propuesta ha provocado una enorme sacudida política en Polonia, especialmente por la formulación elegida para la pregunta del referéndum. El texto remitido por la Presidencia plantea a los ciudadanos si están a favor de aplicar una política climática europea que, según el propio enunciado, ha provocado un aumento del coste de vida, del precio de la energía y de los costes económicos y agrícolas.
Esa redacción ha sido duramente criticada por juristas, analistas y dirigentes próximos al Gobierno de Tusk, que consideran que la pregunta ya incorpora una valoración política previa y busca orientar el sentido del voto.
Pese a ello, los aliados soberanistas de Nawrocki defienden que millones de ciudadanos europeos están sufriendo las consecuencias económicas de las políticas climáticas impulsadas desde Bruselas y sostienen que los polacos deben poder pronunciarse directamente sobre medidas que afectan a su industria, su agricultura y sus facturas energéticas.
El contexto económico resulta especialmente sensible para Polonia. El país sigue dependiendo ampliamente del carbón para buena parte de su producción eléctrica y de su tejido industrial, por lo que las exigencias derivadas del Pacto Verde Europeo y del sistema europeo de emisiones ETS han generado un fuerte rechazo en sectores estratégicos de la economía polaca, especialmente entre mineros, agricultores y organizaciones sindicales.
Nawrocki vinculó directamente la iniciativa al acuerdo político alcanzado durante su campaña electoral con el histórico sindicato Solidaridad. Según explicó el presidente, uno de los compromisos adquiridos consistía precisamente en impulsar un referéndum para frenar los efectos negativos de la agenda climática europea sobre la economía nacional.
La maniobra tiene además una clara lectura política interna. En los últimos meses, el enfrentamiento entre la Presidencia y el Ejecutivo de Donald Tusk se ha intensificado en cuestiones relacionadas con la soberanía nacional, la relación con la Unión Europea y el impacto económico de las decisiones adoptadas desde Bruselas.
Aunque el referéndum no plantearía una salida de Polonia de la UE ni cuestionaría formalmente la pertenencia del país al bloque comunitario, sí abriría un desafío político de gran alcance contra una de las principales banderas estratégicas de la Comisión Europea.
Hasta ahora, la Comisión Europea no ha emitido una valoración formal detallada sobre la propuesta polaca. Tampoco se han anunciado medidas específicas desde Bruselas, aunque el movimiento impulsado por Nawrocki ya se interpreta como un nuevo frente de tensión dentro de la UE en plena revisión del ritmo de aplicación de algunos objetivos climáticos.
La iniciativa polaca se suma además a un creciente malestar europeo frente a determinadas políticas medioambientales comunitarias. Países como Países Bajos, Francia, Hungría, España o Eslovaquia ya han vivido fuertes protestas sociales o choques políticos vinculados al coste económico de la transición ecológica impulsada desde Bruselas.
Sin embargo, ningún Estado miembro había planteado hasta ahora un referéndum nacional específicamente centrado en rechazar la aplicación interna de la política climática europea con una pregunta formulada en términos tan duros contra las consecuencias económicas del Pacto Verde.
