Los conductores de coches eléctricos en Reino Unido tendrán que acudir cada año a talleres autorizados para que se registre el kilometraje real de sus vehículos, un requisito exigido por el nuevo impuesto por kilómetro anunciado por la ministra de Economía, la canciller Rachel Reeves. La medida afectará a todos los propietarios, incluidos quienes conduzcan coches nuevos que están exentos de la ITV británica durante los tres primeros años, según los documentos oficiales de la consulta.
El Gobierno pretende contrastar las cifras declaradas por los conductores mediante lecturas del cuentakilómetros en centros de ITV, aunque asegura que el coste de estos controles no recaerá sobre el ciudadano, sino que lo asumirá el Tesoro. El sistema formará parte del impuesto de pago por milla previsto para 2028. Los motoristas deberán estimar su kilometraje anual y abonar simultáneamente la tasa de 3 peniques por milla, junto con su impuesto de circulación.
La estimación oficial sitúa el desembolso anual en 255 libras para un conductor que recorra unas 8.500 millas con un vehículo eléctrico. Con esta tasa, el Ejecutivo busca compensar la pérdida de ingresos por el impuesto de combustible, que los eléctricos no pagan. Los enchufables pagarán la mitad, es decir, 1,5 peniques por milla.
Las cifras declaradas se comprobarán en estas revisiones anuales, que los talleres enviarán directamente a la DVLA. Si el kilometraje real supera lo pagado, el conductor deberá abonar la diferencia al año siguiente. Aunque el Gobierno afirma que lo habitual será realizar la comprobación junto a la ITV, quienes conduzcan un eléctrico con menos de tres años deberán organizar visitas adicionales en el primer y segundo aniversario de compra.
El portavoz oficial del primer ministro ha explicado que los vehículos nuevos tendrán un «chequeo ligero» en un proveedor acreditado. Y ha asegurado que muchos conductores podrán unir este trámite con revisiones rutinarias y recalcado que no habrá coste adicional para el usuario porque el Estado cubrirá el gasto.
La exigencia introduce más burocracia para quienes compran o alquilan vehículos nuevos precisamente para evitar trámites de inspección. De hecho, muchas empresas de renting promocionan la ausencia de controles anuales como un atractivo de sus contratos. Pese a ello, la canciller Reeves no ha sabido aclarar cómo piensa controlar el kilometraje de los eléctricos nuevos en la práctica. En una entrevista en BBC Breakfast, se ha limitado a afirmar que la entrada en vigor en 2028 ofrece “tiempo”.
A pesar del impacto previsto en las ventas, el Gobierno mantiene su compromiso de prohibir la venta de coches nuevos de gasolina y diésel en 2030. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria cree que la tasa reducirá en 440.000 las ventas de eléctricos en los próximos cinco años, aunque parte de ese descenso podría compensarse con otras medidas favorables al vehículo eléctrico incluidas en los Presupuestos.
