El Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido permitirá nuevamente que menores de edad, incluso por debajo de los siete años, accedan a servicios relacionados con la identidad de género financiados con fondos públicos, en un giro inesperado respecto a las restricciones anteriores. Aunque se mantiene la prohibición de prescribir bloqueadores hormonales, las clínicas volverán a asesorar a niños pequeños y a sus familias sobre cuestiones de identidad de género, a pesar de que el diagnóstico de disforia ha sido considerado inadecuado en edades tan tempranas.
Esta modificación en el enfoque sanitario llega tras la paralización de un plan que pretendía fijar un umbral de edad para acceder a estos tratamientos. Dicho límite fue archivado oficialmente tras una serie de consultas, pero fuentes consultadas por The Telegraph aseguran que la decisión final se tomó bajo la presión de grupos activistas que defienden el acceso temprano a la llamada «atención de afirmación de género».
El contexto de esta medida es especialmente controvertido si se tiene en cuenta el contenido del conocido Informe Cass, una investigación independiente que cuestionó seriamente el enfoque clínico de la ya clausurada Clínica Tavistock, perteneciente al Trust Tavistock and Portman del NHS. Este centro fue durante años el principal proveedor de servicios para menores con incongruencia de género, pero fue objeto de duras críticas por aplicar protocolos considerados poco fundamentados científicamente.
La reapertura parcial del acceso a este tipo de intervenciones ha suscitado reacciones de preocupación por parte de expertos y organizaciones que reclaman una medicina basada en la evidencia. Entre ellos, Genspect —una red internacional, interdisciplinar y políticamente neutral que aboga por un tratamiento responsable y riguroso de las cuestiones relacionadas con el sexo y el género— ha señalado que la medida representa un preocupante retroceso en la protección clínica de los menores.
En su declaración, Genspect alertó de que volver a ofrecer servicios de identidad de género a edades tan tempranas sin fundamentos sólidos y tras una crítica tan contundente como la del informe Cass supone un «grave abandono del deber profesional», y advierte de que se corre el riesgo de reintroducir prácticas cuestionadas, esta vez bajo una nueva apariencia institucional.
Por su parte, algunas voces dentro del propio sistema sanitario temen que este cambio reabra la puerta a dinámicas que se pretendían corregir, ya que existe el riesgo de que, bajo la apariencia de apoyo y escucha, se acabe validando de forma prematura identidades aún en desarrollo, sin el debido respaldo clínico ni la necesaria cautela.
