El supervisor independiente de la legislación antiterrorista en el Reino Unido, Jonathan Hall, ha pedido que la inmigración empiece a tratarse también como una cuestión de seguridad nacional tras los últimos ataques violentos cometidos por inmigrantes en las calles británicas. Su advertencia llega después de que el sudanés Hadi Alodid, de 30 años, haya sido acusado de intento de asesinato por el brutal ataque con cuchillo registrado el lunes por la noche en Belfast, en el que Stephen Ogilvie perdió el ojo izquierdo y sufrió graves heridas en el ojo derecho, el rostro, el cuello y la espalda.
Hall, responsable de revisar de forma independiente la legislación antiterrorista británica, ha afirmado que la violencia de inmigrantes recién llegados es «cada vez más relevante» para la seguridad nacional. El ataque de Belfast, ha añadido, ha sido «extraordinariamente desestabilizador» y ha tenido «enormes ramificaciones» por los disturbios posteriores en la ciudad.
El caso ha abierto de nuevo el debate que las autoridades británicas han evitado durante años: si el sistema de asilo, la llegada masiva de personas procedentes de países en guerra y la falta de control efectivo sobre determinados perfiles suponen ya un riesgo directo para la estabilidad interna del país.
Alodid ha comparecido ante el Tribunal de Magistrados de Belfast por videoconferencia, asistido por un intérprete de árabe. Se ha negado a contar con representación legal y no ha respondido a los cargos. Además del intento de asesinato, se le acusa de posesión de cuchillo en la vía pública y de amenazar de muerte a un radiólogo del Servicio Nacional de Salud británico. El juez ha rechazado su puesta en libertad bajo fianza por el riesgo para la seguridad pública, el peligro de fuga y la posibilidad de nuevos disturbios.
Según las informaciones publicadas en el Reino Unido, Alodid habría aprovechado una vía de entrada a través del espacio común de viaje entre Irlanda y el Reino Unido. Habría salido de Sudán, pasado por París y Dublín, y después viajado en autobús hasta Belfast en febrero de 2023. Allí solicitó asilo y obtuvo permiso para permanecer en el país en septiembre de ese mismo año.
Hall ha vinculado este caso con una discusión más amplia que, según dijo, ya ha sido planteada desde la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. «Puede que no se esté de acuerdo con el lenguaje, pero creo que sí plantea la pregunta», ha señalado. «Si personas de determinados países tienen más probabilidades de cometer delitos muy graves o delitos concretos, o de verse implicadas en actividades de amenaza estatal, ¿debemos empezar a pensar en la inmigración no sólo en términos de economía y vivienda, sino también en términos de seguridad nacional?«.
El supervisor antiterrorista ha insistido en que la seguridad nacional no se limita a prevenir atentados, sino que también implica preservar una sociedad estable en la que los ciudadanos puedan hacer vida normal. «En última instancia, la seguridad nacional consiste en ayudar a la nación y en tener una nación estable donde la gente sienta que puede seguir con su vida», ha afirmado.
Hall ha añadido que muchos solicitantes de asilo procedentes de países devastados por la guerra han estado expuestos a violencia extrema, un factor que, a su juicio, debe tenerse en cuenta al valorar los riesgos. Para sostener su argumento, ha comparado esa evaluación con la que realizan los servicios de seguridad británicos sobre personas retenidas en campos sirios tras haber viajado para unirse al Estado Islámico. En esos casos, ha explicado, uno de los elementos clave es si han presenciado o perpetrado violencia grave.
La advertencia llega en un momento de creciente tensión social en el Reino Unido por la política migratoria. El año pasado ya se produjeron protestas en distintas ciudades después de que el etíope Hadush Kebatu agrediera sexualmente a dos niñas de 14 años y a una mujer en Epping, donde estaba alojado en un hotel para solicitantes de asilo.
A ese clima se suman los datos oficiales publicados por The Telegraph, según los cuales las condenas por delitos sexuales de extranjeros han aumentado un 62% en cuatro años. Los extranjeros representaron en 2024 uno de cada siete condenados por delitos sexuales, el 14,1% del total, incluidos casos de violación, de acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia obtenidas a partir de la base de datos nacional de la Policía británica.
El incremento fue superior al registrado entre nacionales británicos, cuyas condenas por delitos sexuales subieron un 39,3% en el mismo periodo. El patrón se repite en otros delitos: las condenas por robo cometidas por extranjeros han aumentado un 77,9% desde 2021, frente al 55,8% registrado entre británicos; y las condenas por atraco han crecido un 18,9% entre extranjeros, frente al 2,8% entre nacionales.
Estos datos, obtenidos por el think tank Centre for Migration Control, coinciden con máximos históricos de inmigración neta en el país, que alcanzó hasta 906.000 personas en 2023, y con el aumento de las llegadas ilegales a través del Canal de la Mancha.
El ataque de Belfast ha terminado por colocar en el centro del debate una pregunta incómoda para el Gobierno británico: si la inmigración masiva puede seguir tratándose como una cuestión administrativa, económica o humanitaria, cuando sus consecuencias ya afectan a la seguridad en las calles, a la confianza ciudadana y a la capacidad del Estado para mantener el orden.
