Francia asume cada año un coste de 2.000 millones de euros derivado del trato de excepción que concede a los ciudadanos argelinos, según un informe parlamentario presentado el 15 de octubre ante la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. El documento, elaborado por los diputados macronistas Charles Rodwell y Mathieu Lefèvre —recientemente nombrado ministro adjunto de Transición Ecológica—, analiza las consecuencias del acuerdo franco-argelino de 1968, todavía en vigor más de medio siglo después.
El estudio, que detalla el impacto financiero y jurídico de este régimen migratorio singular, denuncia la opacidad de las administraciones y las dificultades para obtener datos oficiales, recoge El Debate. “Existe una ausencia, o incluso retención, de información administrativa sobre este asunto”, advirtió Rodwell ante los diputados.
Los acuerdos firmados entre París y Argel en 1962 y 1968, junto al convenio de seguridad social de 1980, otorgan a los argelinos un estatus privilegiado en Francia. Aunque su objetivo original era regular la inmigración laboral y limitar el acceso a las prestaciones sociales, el resultado ha sido el contrario: no existe reciprocidad alguna por parte del Gobierno argelino y el sistema se ha transformado en una red de beneficios y exenciones difícil de desmantelar.
El informe subraya que los argelinos disfrutan de facilidades de residencia, reagrupación familiar y acceso a ayudas públicas muy por encima del resto de nacionalidades. Por ejemplo, basta con un año de presencia en territorio francés para solicitar la reagrupación familiar, mientras que los demás inmigrantes deben acreditar dieciocho meses. Además, el umbral de ingresos exigido se limita al salario mínimo, frente a los más de 1.900 euros mensuales que se piden a un hogar de cuatro personas según el derecho común.
En 2023, las solicitudes de reagrupación familiar argelinas representaron el 24,15% del total en Francia, más del doble de su peso real dentro de la población inmigrante (10,5%). El informe también alerta de abusos frecuentes en los visados por matrimonio con ciudadanos franceses: de los casi 6.000 permisos expedidos en 2022, apenas el 13% fue renovado al año siguiente, un dato que revela un elevado número de uniones rotas o ficticias.
Otro privilegio relevante es que los argelinos no están obligados a firmar el contrato de compromiso republicano, introducido en 2021, que exige respetar los principios fundamentales de la República para obtener la residencia. Además, acceden al ingreso de solidaridad activa (el mínimo social) o a la asignación para mayores desde el momento en que obtienen el permiso de residencia, sin necesidad de justificar años de estancia previa.
Esta excepción jurídica, respaldada en 2007 por el Consejo de Estado francés con base en los acuerdos de Évian de 1962, impide incluso retirar los permisos de residencia a quienes los poseen. Ni siquiera una condena penal permite expulsar a un beneficiario, ya que el acuerdo de 1968 no prevé mecanismos de revocación o no renovación.
Rodwell y Lefèvre estiman que el conjunto de privilegios —desde la seguridad social hasta la reagrupación familiar y las ayudas sociales— representa un gasto de 2.000 millones de euros anuales para las arcas públicas. Aun así, admiten que la cifra podría ser mayor debido a la falta de transparencia de los organismos implicados.
La publicación del informe, prevista inicialmente para junio y retrasada dos veces por motivos diplomáticos, ha visto la luz finalmente en otoño. En un momento en que las relaciones entre París y Argel atraviesan una etapa de tensión y dependencia energética, el Gobierno francés evita abrir un nuevo frente, incluso a costa de mantener un régimen migratorio anacrónico y ruinoso para sus propias finanzas.
