Grecia ha decidido decir en voz alta lo que cada vez más gobiernos europeos piensan en privado: el sistema de asilo diseñado tras la Segunda Guerra Mundial ya no sirve para gestionar la inmigración masiva del siglo XXI. Las declaraciones del ministro griego de Migración y Asilo, Thanos Plevris, cuestionando abiertamente la vigencia de la Convención de Ginebra de 1951, marcan un punto de inflexión histórico en el debate migratorio europeo.
Apenas una semana después de asumir el cargo, Plevris fue claro al señalar que la Convención de Ginebra fue concebida para un contexto completamente distinto, el de la Guerra Fría y los refugiados políticos de la URSS, no para los flujos descontrolados y organizados que Europa afronta en 2025. Una afirmación que fue respaldada con aplausos por los diputados del partido gobernante, Nueva Democracia, y que refleja un cambio profundo en el consenso político griego.
Durante un debate parlamentario sobre la suspensión del registro de solicitudes de asilo, el ministro insistió en que la legislación internacional vigente impide a los Estados defender eficazmente sus fronteras, bloqueando medidas básicas como la devolución rápida de inmigrantes ilegales o la suspensión temporal del asilo en situaciones de emergencia. Grecia ya ha aplicado estas suspensiones en momentos críticos, como en marzo de 2020 y en julio de este año, priorizando la seguridad nacional y el control territorial.
Lo que hasta hace pocos años era considerado un discurso «marginal» hoy se ha convertido en política oficial y debate abierto en múltiples capitales europeas. Grecia se sitúa así a la vanguardia de un proceso de revisión del dogma migratorio impuesto por Bruselas y las agencias de la ONU, que ha demostrado ser incapaz de frenar las redes de tráfico de personas ni de proteger a los Estados miembros.
Juristas y altos funcionarios griegos han respaldado esta revisión. Desde el Tribunal Supremo hasta la dirección del Servicio de Asilo, se subraya que la Convención de 1951 no contempla mecanismos eficaces para expulsar a quienes no tienen derecho a protección internacional, obliga a exámenes individuales eternos y prohíbe medidas colectivas incluso cuando se trata de llegadas masivas desde países seguros.
El propio director del Servicio de Asilo griego, Marios Kaleas, ha defendido «la necesidad de reevaluar la Convención de Ginebra en una nueva era migratoria», alertando de que su rigidez ha generado interpretaciones incoherentes, inseguridad jurídica y un efecto llamada permanente.
