Castigar con penas de cárcel a quien posea material que critique la «identidad de género». Es lo que busca en Irlanda el Proyecto de Ley de Justicia Penal (Incitación a la Violencia o al Odio y Delitos de Odio) 2022, considerada por muchos la ley de delitos de odio más agresiva de la Unión Europea.
Pese a que el objetivo de la norma está definido como penar el «discurso de odio», muchas personas han criticado el proyecto asegurando que busca establecer un nuevo «crimen de pensamiento«.
La redacción de la norma asegura que pretende castigar «la incitación a la violencia o al odio contra una persona, o un grupo de personas, debido a ciertas características de la persona o el grupo».
Entre esas «características protegidas» se enumeran las siguientes: raza, color, nacionalidad, religión, origen nacional o étnico, ascendencia, género —entendido como «el preferido por la persona o con el que la persona se identifica, e incluye transgénero y un género distinto al masculino y femenino»—, características sexuales, orientación sexual o discapacidad.
Según una de las cláusulas de la norma, será considerado un delito que alguien «comparta material al público o a una parte del público, o se comporte en un lugar público de una manera que pueda incitar a la violencia o al odio contra una persona o un grupo de personas», dentro de las establecidas como «protegidas».
Para considerarse un delito, la persona debe tener la «intención de incitar a la violencia o al odio», o haber sido » imprudente en cuanto a si se incita tal violencia u odio».
Esta afirmación, sumada a la definición de «género» anterior, sugiere que se convertirá en un delito expresar opiniones que puedan generar «odio» hacia las personas transexuales o «no binarias» —las que no se consideran hombres ni mujeres—.
Sin embargo, esta no es la cláusula más polémica de la norma. Otra establece como delito que alguien «posea material que pueda incitar a la violencia o al odio contra una persona o un grupo de personas (…) con el objetivo de que ese material sea público, ya sea por sí mismo o por otra persona».
El proyecto de ley detalla que cuando sea «razonable suponer que el material no estaba destinado para uso personal», se «presumirá» que el acusado tuvo la intención de difundirlo a menos que pueda probar lo contrario.
Es decir, la norma no condena sólo la presentación pública o la difusión de material considerado de odio, sino también la posesión o el almacenamiento de ese tipo de material, lo que ha llevado a muchos irlandeses a considerar que pueden ser condenados según qué memes tengan en su teléfono móvil o qué libros almacenen en su estantería.
La ley contempla multas de hasta 5.000 euros y entre seis meses y dos años de prisión para quienes sean considerados culpables de estos delitos.
Frente a esto, la norma contempla una única cláusula de salida para los presuntos delincuentes: pueden derrotar a la acusación al demostrar que el material en cuestión cuenta como una «contribución razonable y genuina al discurso literario, artístico, político, científico, religioso o académico».
La ley ya ha sido aprobada en el Congreso
La ley ya ha sido aprobada en el Dáil Éireann (el equivalente irlandés al Congreso de los Diputados) y ahora pasará al Senado para ser ratificada.
En la Cámara baja contó con el respaldo de 110 diputados que votaron a favor y 14 votos en contra.
Los funcionarios del gobierno dicen que el proyecto de ley ofrece las protecciones necesarias en un momento en que la inmigración va en aumento y las ideas aceptadas en Irlanda sobre el sexo y el género están siendo cuestionadas.
Los críticos, por su parte, consideran que el lenguaje vago del proyecto de ley podría usarse para hacer cumplir la agenda cada vez más woke del Gobierno irlandés y silenciar por la fuerza a los críticos de sus políticas ideológicas.
Los ciudadanos, en contra
En una consulta lanzada por el ministro de Irlanda, Leo Varadkar, los irlandeses expresaron abrumadoramente su preocupación de que la propuesta fuera una expansión innecesaria de la ley de delitos de odio existente en el país. El 62% de los encuestados discreparon con el potencial del proyecto de ley para invadir la libertad de expresión y cuestionaron qué se califica en realidad como «discurso de odio», particularmente preguntando quién elabora esa definición. Menos del 25% de los encuestados apoya la legislación.
