El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha afirmado en la Comisión de Peticiones que la misión enviada a Canarias en septiembre del año pasado ha ratificado que lo que los vecinos denuncian sobre la inmigración ilegal es cierto y ha defendido «control real y efectivo de fronteras, deportaciones masivas y poner fin de forma inmediata al efecto llamada».
La misión, que se desarrolló durante tres días en Tenerife y Gran Canaria, abordó cuestiones estratégicas sobre seguridad, gestión fronteriza y presión migratoria. Sin embargo, la tardía incorporación del Partido Popular dejó a la formación sin representación efectiva en la parte más relevante de los trabajos. «18.000 inmigrantes ilegales llegaron en 2025 a Canarias, en realidad los años anteriores habían sido cifras superiores. El 92% son hombres adultos en edad militar», ha recordado.
«Esto desmonta el relato de que se trata de una crisis humanitaria de familias vulnerables porque los comparecientes nos indicaron que no procedían mayoritariamente de países en guerra», ha agregado.
El eurodiputado ha explicado que durante la misión pudo constatar cómo Canarias funciona como una «simple puerta de entrada» y que «los inmigrantes son trasladados tanto por la Administración autonómica como por la administración estatal rápidamente a la península, donde pueden permanecer en el sistema durante meses y después abandonar el territorio nacional».
«En la práctica esto convierte la llegada ilegal en una vía efectiva de permanencia en territorio europeo, por supuesto agravado por el hecho de esta regularización extraordinaria que contempla Pedro Sánchez en contra del sentido común y en contra de la seguridad de los ciudadanos»
En relación con el coste económico, ha advertido de la dimensión presupuestaria del dispositivo desplegado en las islas. Según trasladaron los responsables durante la visita, «los dos centros que visitamos en Tenerife y en Canarias suponen 35 millones de euros al año, pero no tenemos trazabilidad del dinero, no sabemos el coste real de una plaza».
La falta de transparencia convierte, según afirmó, el sistema en una estructura sin control efectivo: «Se convierte en un mero centro logístico de personas. Es puro tráfico de seres humanos pagado por el Estado». El eurodiputado ha explicado que «los propios responsables de los centros reconocen que los inmigrantes no están sujetos a ningún régimen de comportamiento, pueden entrar y salir de los centros cuando quieran sin nada que hacer durante el día, impactando directamente en la vida de los municipios cercanos».
Durante la misión se reconoció también la dificultad de adaptación. Citó literalmente a una directora de centro: «A los inmigrantes a menudo les resulta difícil adaptarse a la vida del barrio, ya que provienen de modos de vida que no son compatibles con la coexistencia local».
Ante esa constatación, ha lanzado una pregunta directa en la comisión: «¿Entonces qué hacen en Europa? ¿Qué hacen en Europa?». «Los vecinos, que tienen que convivir con ellos, denuncian diariamente problemas de convivencia, inseguridad, consumo de alcohol y drogas y, por tanto, tráfico de drogas, deterioro del entorno». Además, «reconocieron en el centro de Gran Canaria que a los inmigrantes los sacan por la puerta de atrás para que los vecinos no les vean».
Buxadé también ha puesto el foco en la falta de efectividad de las repatriaciones. «Las autoridades admitieron que la mayoría de los países de origen no aceptan el retorno de sus nacionales». En el caso de Marruecos, «rechaza las repatriaciones cuando los inmigrantes no tienen documentación«.
A ello se suma la ausencia de medios suficientes. «Frontex no dispone en Canarias de helicópteros, barcos ni aviones propios, ni acceso directo a las bases de datos. Y lo más grave, esto ha sido rechazado por Sánchez». En paralelo, la persecución de las mafias sigue siendo marginal. «Según los datos judiciales, más del 97% de las investigaciones abiertas por llegada de embarcaciones se suspenden sin identificar a los responsables».
El eurodiputado ha insistido en que el debate no es ideológico. «Esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión de seguridad, de soberanía y de responsabilidad». «La defensa de la seguridad de los vecinos exige un control real y efectivo de fronteras, deportaciones masivas y poner fin de forma inmediata al efecto llamada», ha concluido.
