Las negociaciones para formar gobierno en varios estados federados alemanes han incorporado ya sin disimulo una prioridad: impedir que Alternativa para Alemania (AfD) acceda a puestos institucionales, incluso allí donde es una de las fuerzas más votadas.
En Baden-Württemberg, los partidos tradicionales discuten abiertamente cómo evitar que AfD obtenga una de las vicepresidencias del Landtag, un cargo que, por proporción de escaños, le correspondería. La coalición verde-negra planea reducir el número de vicepresidentes de los parlamentos estatales de dos a uno. Esto significaría que la AfD, el principal partido de la oposición, no obtendría un puesto de vicepresidente. AfD, que duplicó su resultado hasta el 18,8% y contará con 35 escaños, denuncia la «violación de la voluntad de los votantes».
En Renania-Palatinado, las conversaciones entre fuerzas del sistema (CDU y SPD) incluyen fórmulas para limitar su capacidad de control parlamentario, desde la presidencia de comisiones hasta la posibilidad de impulsar investigaciones parlamentarias, según ha informado el medio alemán Tichys Einblick. Quieren que se necesite el 25% de los miembros del Parlamento para establecer una comisión de investigación (en lugar del 20% actual). El motivo es la AfD, con sus futuros 24 escaños, podría solicitar investigaciones parlamentarias por su cuenta con la legislación vigente.
No es un episodio aislado. Es la aplicación práctica del “Brandmauer”, el cordón sanitario levantado contra AfD, que ha pasado de impedir pactos de gobierno a condicionar el funcionamiento interno de las instituciones.
Las encuestas actuales la sitúan en varios länder del este por encima del 30%, en algunos casos como primera fuerza. A nivel federal, se mueve en torno al 25% en intención de voto, consolidada como segunda fuerza nacional en varios sondeos. Pero ese crecimiento no se traduce en poder institucional.
En el Bundestag, AfD no preside ninguna comisión parlamentaria, pese a que por tamaño de grupo le corresponderían varias. Tampoco ha conseguido que uno de sus diputados sea elegido vicepresidente de la cámara, algo que sí ocurre con el resto de grupos. Las votaciones internas han rechazado sistemáticamente a sus candidatos.
En los parlamentos regionales, tres cuartos de lo mismo. En Brandeburgo, AfD fue excluida (en 2019) de puestos clave en la mesa del Parlamento pese a ser la segunda fuerza. En Sajonia-Anhalt, sus candidatos a vicepresidencias han sido rechazados en varias votaciones consecutivas. En Baviera, aunque con menor peso electoral, el cordón sanitario se aplica de forma preventiva.
El líder de la CDU, Friedrich Merz, ni se molesta en disimular: «No habrá cooperación con AfD, ni directa ni indirecta», dijo. En la misma línea, dirigentes socialdemócratas y verdes insisten en que permitir a AfD acceder a puestos institucionales supondría «normalizar» una fuerza que consideran «incompatible» con el orden constitucional.
El sistema parlamentario alemán se ha basado tradicionalmente en criterios de proporcionalidad: los cargos se reparten según el peso de cada grupo. Alterar ese principio para excluir a una fuerza concreta trastoca un modelo que se ha mantenido durante toda la historia de la RFA.
AfD ha crecido especialmente en regiones donde los partidos tradicionales han perdido apoyo de forma sostenida. En algunos distritos del este, obtiene más del 30% de los votos, con diferencias de más de diez puntos sobre el segundo partido. Y contra ese avance se construyen mayorías alternativas cada vez más amplias y antinaturales. En Sajonia, la CDU gobierna con verdes y socialdemócratas. En otros länder, se exploran combinaciones similares. Coaliciones que, en condiciones normales, resultarían improbables, pero que se justifican por la necesidad de excluir a AfD. El resultado es un sistema que sigue funcionando formalmente, pero que opera bajo una premisa distinta: hay votos que no pueden traducirse en poder. La democracia en Alemania se ha convertido en una farsa.
La propia AfD ha denunciado esta situación en repetidas ocasiones. Su presidenta, Alice Weidel, ha hablado de una «exclusión sistemática» que «vacía de contenido la representación de millones de votantes».
