El Senado de Berlín, bajo el gobierno de coalición entre la CDU y el SPD, está impulsando un nuevo marco legal que permitiría la expropiar las empresas privadas que, a juicio de las autoridades, no cumplan con ciertos estándares de interés público, especialmente en materia medioambiental. El proyecto, denominado Vergesellschaftungsrahmengesetz (ley marco sobre colectivización), introduce herramientas legales para que el Estado intervenga en casos concretos.
Según lo anunciado por los líderes parlamentarios Dirk Stettner (CDU) y Raed Saleh (SPD), esta normativa podría aplicarse a compañías que incumplan reiteradamente la ley, obtengan beneficios sin reinversión o que no contribuyan suficientemente a los «objetivos climáticos» establecidos por la Unión Europea, el Gobierno federal o el estado federado de Berlín.
Desde la CDU han insistido en que no se trata estrictamente de expropiaciones, aunque el texto contempla la intervención política en el mercado ante lo que califica como «fallos manifiestos y manipulativos». La amplitud de esta definición ha generado cierto debate sobre la interpretación práctica de la ley.
El SPD, por su parte, ha explicado que el objetivo es dotarse de una «caja de herramientas» para intervenir en situaciones donde se considere que el funcionamiento económico «se aleja del interés general«. El borrador incluye medidas como controles de precios, límites legales a los beneficios, posibles cambios en los modelos de propiedad y, en último término, la opción de que el Estado asuma la gestión de determinados sectores.
La norma contempla su aplicación en áreas consideradas esenciales para el bienestar social, como la vivienda, la energía y el agua. En estos casos, el Estado podría actuar si concluye que una empresa ha dejado de contribuir al «bien común«.
El propio proyecto reconoce que podría haber dudas sobre su constitucionalidad. Por ello, su aplicación no sería inmediata: se contempla un periodo de dos años para que el Tribunal Constitucional analice su viabilidad jurídica.
Esta iniciativa se enmarca en un contexto más amplio de debate sobre el papel del Estado en la economía y la transición ecológica. En 2021, el 58% de los votantes en Berlín apoyó un referéndum para expropiar grandes empresas inmobiliarias, lo que ha sido tomado como referencia para extender el modelo a otros sectores.
