La Comisión Europea, a través de una comunicación oficial firmada por el comisario Magnus Brunner, ha admitido que desconocía completamente los hechos y que no había sido informada de que una aeronave de un país tercero accedió al espacio Schengen sin verificación aduanera, sin control de pasaportes y sin registro de pasajeros en el sistema europeo Entry/Exit (EES).
El incidente se produjo el pasado 7 de agosto, cuando un avión militar despegado desde Nuakchott (Mauritania) aterrizó en Garray, un aeródromo sin estatus internacional y carente de presencia policial permanente. Según ha trascendido, el plan de vuelo declaraba tres personas a bordo, de las cuales sólo se ha confirmado la identidad de dos, ambas españolas. Ninguna de ellas fue registrada en el sistema EES, ni se introdujo dato alguno en los registros fronterizos comunitarios.
La Comisión ha señalado que el Código de Fronteras Schengen, en su Anexo VI, obliga a controlar a todos los pasajeros de vuelos procedentes de terceros países, incluso si el aterrizaje se produce en aeródromos de bajo tráfico. En esos casos, las autoridades nacionales deben garantizar que los agentes competentes sean desplegados a tiempo, previa comunicación por parte del responsable de la infraestructura. En esta ocasión, no existió ningún aviso previo ni actuación alguna por parte del Estado español.
Bruselas ha confirmado además que España no ha sido evaluada desde el año 2022 en el marco del Mecanismo de Seguimiento Schengen, y que continúa sujeta a un plan de acción abierto para corregir deficiencias estructurales en la gestión de sus fronteras exteriores. Pese a ello, no se ha anunciado ninguna investigación sobre este caso, ni se han previsto medidas disciplinarias frente al incumplimiento del Gobierno.
El caso ha salido a la luz exclusivamente gracias a la denuncia realizada por VOX, que ha registrado dos preguntas parlamentarias dirigidas a la Comisión para exigir explicaciones y reclamar medidas frente a lo que califican como una «violación flagrante del orden jurídico europeo».
La delegación de VOX en Bruselas ha advertido de que este nuevo episodio confirma la política de desprotección de fronteras impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, así como la complicidad pasiva de las instituciones comunitarias. El jefe de la delegación, Jorge Buxadé, ha calificado la respuesta de Bruselas como «tibia, burocrática e indolente», y ha denunciado que sin la presión ejercida por VOX, la Comisión habría continuado en silencio.
«La Comisión reconoce que no sabía nada, y lo más grave es que tampoco pensaba hacer nada. Esto demuestra que el sistema falla por dos lados: por quienes deberían proteger nuestras fronteras y por quienes deberían exigir que se cumpla la ley», ha señalado.
El eurodiputado ha recordado que este episodio se suma a otros escándalos relacionados con la entrada irregular de autoridades extranjeras, como el caso de Delcy Rodríguez en 2020, y ha advertido del riesgo que supone la pérdida de control sobre el territorio nacional. «Sánchez ha convertido España en un coladero y Bruselas lo permite. Uno por su agenda ideológica, la otra por cobardía institucional. Es urgente recuperar la soberanía y restaurar la autoridad del Estado en sus fronteras», ha concluido.
