La familia de Lola Daviet, la niña de 12 años violada, torturada y asesinada en octubre de 2022 en París, se enfrenta a un nuevo agravio. La autora del crimen, la argelina Dahbia Benkired, en situación ilegal y con una orden de expulsión (OQTF) pendiente que nunca se ejecutó, se ha declarado insolvente, según recoge Actu.rf en una actualización reciente un caso de delincuencia importada que conmovió a todo el país. No tiene bienes ni ingresos con los que responder de la indemnización civil reclamada, así lo han expresado sus abogados.
La familia exige un total de 225.000 euros por el asesinato. Como la condenada no puede pagar —según ha evidenciado su defensa jurídica— será el Fondo de Garantía de las Víctimas de Delitos (FGTI) quien abone estas cantidades. Un fondo que se financia en su totalidad mediante una tasa obligatoria que se aplica sobre todos los contratos de seguros que firman los franceses, ya sean seguros relacionados con pólizas automovilísticas, del hogar, de vida o cualquier otra. En la práctica, son los ciudadanos de a pie quienes terminan pagando con su prima de seguros el coste del crimen cometido por una inmigrante ilegal que nunca debió estar en Francia.
El caso de Lola ya ha sido uno de los asesinatos más brutales de los últimos años. La niña fue encontrada con signos de violencia extrema dentro de una maleta en el patio de su edificio. Dahbia Benkired, de origen argelino y sin papeles, llevaba años en situación ilegal y con una orden de expulsión activa. Las autoridades francesas no la ejecutaron. El asesinato generó una enorme conmoción social y puso en evidencia los fallos del sistema de control migratorio y de las expulsiones en el país galo.
Ahora, casi cuatro años después, la familia de la víctima sufre un segundo golpe. La asesina no responde civilmente y el Estado traslada la factura a los asegurados franceses a través del FGTI. «Es el colmo de la injusticia», declaran los familiares de la víctima. El Estado falla en proteger a sus ciudadanos, falla en expulsar a los delincuentes y, para rematar, hace que los propios ciudadanos paguen por los errores de su política migratoria.
Este mecanismo no es anecdótico. Europol ya lleva años advirtiendo de que las redes de tráfico de personas son utilizadas también por actores con perfiles de riesgo y que la falta de expulsiones efectivas multiplica la reincidencia delictiva. Casos como el de Lola no son excepciones. Son la consecuencia directa de una inmigración ilegal descontrolada que genera riesgos reales para la seguridad ciudadana y un coste económico que siempre termina recayendo sobre el contribuyente.
Mientras las mafias de tráfico de personas continúan enviando inmigrantes ilegales y las órdenes de expulsión se acumulan sin ejecutarse, el ciudadano francés de a pie paga con su seguro la indemnización por el asesinato de una niña de 12 años. Es la prueba más cruda de que la inmigración ilegal no es gratuita. Alguien paga siempre la factura. Y en este caso, son los franceses quienes terminan financiando las consecuencias de una política que no controla las fronteras ni expulsa a los delincuentes.
