Un tribunal administrativo francés ha asestado un revés a la financiación pública de organizaciones vinculadas al activismo migratorio. La Justicia ha anulado una subvención de 12.000 euros concedida por el Ayuntamiento de Lyon a la ONG SOS Méditerranée, al considerar que carecía de garantías sobre el uso de los fondos.
La resolución judicial señala que el acuerdo aprobado por el consistorio —gobernado por los Verdes— no establecía ningún mecanismo de control ni exigía condiciones claras sobre el destino del dinero, lo que vulnera los principios básicos de gestión de recursos públicos. Como consecuencia, el tribunal ha ordenado al alcalde, Grégory Doucet, que exija la devolución íntegra de la cantidad concedida.
El fallo se enmarca en un debate creciente en Francia sobre el uso de fondos públicos por parte de gobiernos locales de izquierda, especialmente en ciudades como Lyon o París, donde se han multiplicado las subvenciones a asociaciones con orientación ideológica.
Un informe del ‘think tank’ Génération Libre cifra en 110 millones de euros las ayudas concedidas por el Ayuntamiento de Lyon a asociaciones en 2024, muchas de ellas cuestionadas por su escasa vinculación con los intereses directos de los ciudadanos.
La polémica no es nueva. SOS Méditerranée, fundada en 2015 en plena crisis migratoria, ha recibido apoyo de más de un centenar de administraciones públicas y es conocida por sus operaciones de rescate de inmigrantes en el Mediterráneo. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas por su papel en el efecto llamada y por supuestas conexiones indirectas con redes de tráfico de personas.
El Ayuntamiento de Lyon ya ha anunciado que recurrirá la decisión ante el Consejo de Estado, que en anteriores ocasiones ha avalado subvenciones similares —como la concedida por el consistorio de París en 2019—, aunque también ha tumbado otras por falta de justificación suficiente.
