Un tribunal británico ha condenado a Hamit Coskun, refugiado político de origen turco, por quemar un ejemplar del Corán frente al Consulado de Turquía en Londres. La sentencia se ha dictado por un delito contra el orden público agravado por motivos religiosos. El caso está generando preocupación entre juristas y asociaciones en defensa de la libertad de expresión, que alertan de un posible retorno encubierto de la ley de blasfemia.
Coskun, que estuvo casi diez años encarcelado en Turquía por su activismo político, fue declarado culpable tras una protesta simbólica ante la legación diplomática turca. Uno de los principales argumentos esgrimidos por la Fiscalía fue que su acción provocó un intento de agresión con arma blanca por parte de un transeúnte, lo que habría causado «acoso, alarma o angustia«.
Este razonamiento está siendo denunciado por entidades como la Free Speech Union, que ha financiado la defensa legal del condenado y ahora está impulsando una campaña para financiar su apelación. La organización considera que la sentencia establece un precedente peligroso, al considerar responsable al manifestante de la reacción violenta de un tercero.
🚨 HELP US OPPOSE THE BACKDOOR BLASPHEMY LAW!
— The Free Speech Union (@SpeechUnion) June 2, 2025
A Turkish political refugee has been convicted of a criminal offence in Britain for burning a copy of the Koran outside the Turkish Consulate in London. The Free Speech Union (FSU) funded his defence. Now we need your help to fund… pic.twitter.com/Brzk4mqWqb
Expertos en derecho advierten de que este tipo de resoluciones pueden abrir la puerta a una forma de veto a la crítica legítima bajo la amenaza de disturbios. El caso ha sido interpretado como una forma de restablecer el principio de blasfemia, abolido formalmente en Reino Unido en 2008, pero aplicado ahora bajo otras figuras legales.
La apelación del caso se fundamentará en la defensa del derecho a la libertad de expresión, incluyendo la crítica a convicciones religiosas, principio recogido en tratados internacionales y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La resolución ha reactivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión en contextos religiosos y la presión ejercida por grupos que exigen una protección especial frente a ofensas simbólicas. Para los críticos de esta tendencia, el fallo representa un retroceso en las garantías fundamentales de las democracias liberales.
