La ley de Restauración de la Naturaleza afrontará este martes en Estrasburgo (Francia), en medio de las protestas de agricultores y ganaderos por toda Europa contra el Pacto Verde y la Agenda 2030, su examen final, aunque se espera prospere por un ajustado margen.
El texto ha sido presentado por los burócratas como una medida esencial dentro de la Estrategia de Biodiversidad para 2030, pero tendría grandes —y negativas— repercusiones para el mundo rural, la soberanía alimentaria y el sector energético.
La propuesta legislativa incluye la obligación a los Estados miembros de implementar medidas para restaurar al menos el 30% de los hábitats terrestres, marinos, costeros y de agua dulce antes de 2030, y no tiene en cuenta la complejidad y riqueza de los entornos naturales europeos (no es lo mismo la dehesa ibérica que los bosques centroeuropeos o las tundras escandinavas).
Asimismo, ha suscitado gran preocupación por su potencial impacto en diversas áreas que trascienden a los estrictamente relacionado con la restauración de la naturaleza, mantiene exigencias que supondrían una gran carga para los Estados miembros y no ofrece beneficios tangibles a los agricultores europeos, que verán limitadas sus superficies de tierras cultivables.
El reglamento incluye también limitaciones en la «gestión» del agua, lo que supondría un golpe para el sector agrario en algunas zonas de España como el litoral levantino, Murcia o Almería.
Desde VOX se ha denunciado que la norma supone un «riesgo serio» para la viabilidad económica y la continuidad de las explotaciones agrarias (para el 40% de la tierra cultivada hoy en España) y de miles de puestos de trabajo en toda Europa.
