Vladímir Putin puede llegar hasta Algeciras, según nos anunció Felipe González. ¿Y por qué, si en más de tres años de guerra sus tropas no han conseguido llegar a Kíev? Pues porque los rusos no tienen cuotas de carbono ni topes de velocidad para los carros y los camiones ni dependen de las energías renovables.
En marzo pasado, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, exigió que los países miembros de la UE se rearmasen frente a la amenaza rusa. Ésta es tan cercana que hasta la BBC británica ha elogiado el plan de producción de armamento y de reclutamiento de Alemania. El gasto en Defensa necesario para convertir a la UE en una fortaleza, desde Escandinavia a la Península Ibérica (aunque las pateras sigan entrando por el Mediterráneo), lo calculó la Comisión en 800.000 millones de euros, a lo largo de varios años, que se obtendrían mediante préstamos comunitarios y deuda emitida por los Estados. Los políticos, los lobistas y empresarios no paran de frotarse las manos con esa lluvia de billetes que saldrá de nuestros bolsillos.
Pero, pasados unos meses, descubrimos que Bruselas es dura de mollera y no cambia. Como decían los memes de X, la guerra para los eurócratas tiene que ser sostenible, inclusiva y descarbonizada. Y así no se gana más que al parchís.
Los ministerios de Defensa de Alemania, Suecia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, República Checa y Rumanía, varios de los cuales están en la primera línea del posible frente, enviaron una carta al comisario de Defensa y Espacio, el lituano Andrius Kubilius, en la que le advirtieron de que sus fuerzas armadas no pueden prepararse para enfrentarse a Rusia debido a las normas comunitarias.
En la carta, que publicó el diario británico The Telegraph, aducen que la legislación de la UE «no debe impedir que las fuerzas armadas de los Estados miembros lleven a cabo las actividades necesarias para estar preparadas desde el punto de vista operativo. Pero ahora mismo sí lo hace».
Señalan que los aspectos más escabrosos son, principalmente, «la contratación pública, la conservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente, y más en general la carga administrativa que pesa sobre las organizaciones de defensa derivada de diversos actos jurídicos de la UE». Uno entiende que un edificio administrativo como es la Unión Europea tenga regulaciones sobre contratación o contabilidad que exijan gran cantidad de documentación y de controles. Pero, la preocupación por la naturaleza, ¿puede imponerse a la finalidad de vencer en una guerra?
En 2023, la Comisión Europea publicó su informe sobre la transición ecológica aplicada a las fuerzas armadas nacionales. En él se proponía a los ministerios de Defensa que los entrenamientos y las maniobras de sus militares se realizasen mediante ordenadores o simuladores, en lugar de hacerlas al aire libre, para reducir las emisiones de CO2.
Lo mismo ocurre con las prácticas de tiro al libre, ya que los ejércitos deben cumplir, como las empresas, con compromisos de eliminación de residuos contaminantes, como son las vainas de la munición. Y, también, con la alteración del paisaje europeo mediante el tráfico de vehículos, incluidos tanques.
Otro ejemplo son las directivas sobre la protección de aves silvestres, que dificultan la realización de vuelos. Por motivos parecidos, numerosas bases militares no pueden ampliarse.
La carta remitida por esos once ministros al comisario Kubilius, contiene estas frases, según The Telegraph: «Parte de la legislación de la UE constituye un obstáculo directo para las fuerzas armadas. Una disuasión creíble significa en la práctica el crecimiento de las fuerzas armadas, lo que requiere espacio para el adiestramiento, incluidos el vuelo, la navegación y la conducción, y la construcción de instalaciones adecuadas».
Es decir, para que los ejércitos nacionales estén preparados para combatir a los rusos, la UE va a tener que cambiar esos planes demenciales que están arruinando a los ciudadanos. Si así ocurriera, los europeos habríamos ganado una batalla contra nuestras oligarquías.
