Más de la mitad de las granjas británicas pueden desaparecer en 2035 si el gobierno laborista de Keir Starmer sigue adelante con su agresivo plan de reforma del impuesto de sucesiones. Así lo advierte una encuesta realizada por Ashbridge Partners, que refleja el impacto devastador de la carga fiscal impuesta a las explotaciones familiares.
El informe, basado en la opinión de 2.000 agricultores, expone que el 39% de las granjas serán inviables en los próximos cinco años, y que el 56% cerrará antes de 2035. Una cifra alarmante que pone en jaque la soberanía alimentaria del país y la continuidad del modelo agrícola tradicional británico.
La raíz del problema radica en los cambios que entrarán en vigor en abril de 2026, cuando se impondrá un impuesto del 20% a las tierras agrícolas y activos comerciales que superen el millón de libras. El Gobierno defiende esta reforma alegando que «equilibra» la carga fiscal, pero la realidad es que para miles de explotaciones familiares, sin los beneficios de grandes corporaciones, la medida supone una sentencia de muerte.
La presidenta de la Asociación de Tierras y Negocios del Campo (CLA), Victoria Vyvyan, ha calificado la investigación de «significativa» y ha advertido de que estos cambios ponen en riesgo a las pequeñas explotaciones, que no tienen la capacidad financiera para asumir semejante carga fiscal. «Estos cambios propuestos no reconocen que las empresas agrícolas se volverán inviables al verse obligadas a vender activos«, denuncia Vyvyan.
La encuesta también refleja el drama que enfrentan los agricultores: el 41% de ellos espera tener que vender al menos la mitad de su negocio para pagar el impuesto de sucesiones, y un 58% teme que sus tierras terminen en manos de corporaciones o inversores extranjeros en lugar de permanecer bajo control de agricultores tradicionales.
Desde el Gobierno británico, un portavoz ha intentado minimizar el impacto de la reforma, asegurando que la medida reducirá la tasa efectiva del impuesto de sucesiones al 20% en lugar del 40% estándar y que los pagos podrán distribuirse en diez años sin intereses. Sin embargo, los agricultores denuncian que esto no resuelve el problema de fondo: la viabilidad económica de las explotaciones familiares sigue en peligro.
El descontento en el campo británico es creciente y se suma a la ola de protestas que se han extendido por toda Europa. La crisis del sector agrario no es exclusiva del Reino Unido. En España, Alemania y Francia, los agricultores han tomado las calles contra la asfixia fiscal, la competencia desleal de productos extranjeros y las restricciones impuestas por Bruselas con la Agenda 2030. Las políticas verdes y los acuerdos comerciales desventajosos están estrangulando al sector primario, dejando a los productores locales en clara desventaja frente a importaciones que no cumplen con los mismos estándares de calidad y seguridad.
