Varios agricultores han sido arrestados este miércoles en Westminster después de desplazarse hasta el corazón político del Reino Unido con sus tractores para protestar contra el Presupuesto de la ministra Rachel Reeves y contra la reforma del impuesto de sucesiones conocida como «family farm tax». La manifestación se ha producido pese a la prohibición impuesta a última hora por la Policía Metropolitana, que ha restringido la protesta a un pequeño espacio de Whitehall e impedido cualquier concentración frente a Downing Street.
La fuerza policial ha justificado el veto alegando que la presencia de maquinaria agrícola podía “provocar una seria alteración de la vida comunitaria”. Sin embargo, decenas de tractores han accedido igualmente al área del Parlamento, donde los agricultores hicieron sonar las bocinas y paralizaron por completo el tráfico en hora punta. El Met confirmó después varias detenciones, sin precisar la cifra.
El líder de Reform UK, Nigel Farage, ha anunciado que asumirá la defensa legal de los agricultores arrestados y tildó de “escandalosa” la actuación policial. Y ha asegurado que la manifestación había sido anulada “a última hora” y denunciado que quienes habían viajado a Londres “están siendo detenidos pese a protestar pacíficamente”.
Entre los vehículos se leyeron mensajes como “Los tontos votan al Partido Laborista”, “Sin granjas no hay comida ni futuro” o “Acribillados a impuestos”. Los participantes denunciaron que la reforma fiscal de Reeves, que impondrá un 20% sobre tierras y negocios agrícolas valorados en más de un millón de libras, puede expulsar del sector a centenares de explotaciones familiares.
Organizadores de la protesta, como Dan Willis (Berkshire Farmers), acusaron al Gobierno de ordenar la maniobra policial y afirmaron estar “absolutamente devastados” por las restricciones de última hora. Willis aseguró a Sky News que muchos agricultores ya habían salido rumbo a Londres y que la decisión del Met “creó un caos que podría haberse evitado”.
Desde el sector agrícola insisten en que el impuesto de sucesiones es “solo la punta del iceberg”, denunciando la presión fiscal, la brecha entre precios en origen y en tienda y la falta de garantías para la seguridad alimentaria. Varios recuerdan que, si aumenta el cierre de granjas, el Reino Unido quedará expuesto en caso de crisis internacionales.