Continúa la escalada verbal contra la derecha en los Plenos del Parlamento Europeo. Si el miércoles los eurodiputados reunidos en Estrasburgo celebraban un debate contra «el blanqueamiento de la extrema derecha antieuropea», este jueves la tensión subía otro nivel cuando los grupos mayoritarios de la cámara presentaron una pretendida resolución de condena contra el asesinato de dos personas homosexuales en Bratislava la semana pasada.
El texto, aprobado con los votos de la izquierda, los liberales y el grupo del Partido Popular Europeo, apenas pasó de puntillas sobre el trágico suceso, pero lo aprovechó hasta la náusea para elevar la retórica anticonservadora con la que el establishment de la Unión Europea suele criminalizar a los gobiernos y partidos políticos conservadores de Europa, a los que no duda en tildar de «ultraderechistas», «ultraconservadores» y «de extrema derecha».
Así, uno de los párrafos de la resolución «condena enérgicamente a los gobiernos de Europa que cuentan con el apoyo activo o pasivo de los partidos políticos de extrema derecha». Una fórmula, la de «condenar enérgicamente», que el Europarlamento se resiste a utilizar incluso contra regímenes sanguinarios como el cubano, el venezolano o el chino, a quienes se limita a pedir «diálogo».
Y aunque el texto no menciona a qué gobiernos europeos se refiere en particular, a nadie se le escapa que, el pasado viernes, Suecia alcanzó un acuerdo de gobierno con apoyo externo del partido de los Demócratas Suecos, ganador del bloque de derecha en las elecciones y miembro de honor del cada vez más amplio club de partidos «ultraderechistas», a decir del consenso socialdemócrata en Bruselas.
Se da circunstancia de que en España, el Partido Popular gobierna la Junta de Castilla y León en coalición con VOX, otro de los partidos a los que las élites comunitarias consideran «ultra». Paradójicamente, aunque sin mucha sorpresa, los populares españoles también votaron a favor de la resolución, con la única excepción de Isabel Benjumea, que a menudo se desmarca de sus compañeros en este tipo de votaciones.
En otro párrafo, la resolución citaba expresamente a «Hungría y Polonia» y exigía a ambos Estados que «se abstengan de bloquear» en el Consejo la inclusión de la «incitación al odio y los delitos del odio» en los Tratados de la Unión Europea.
En un epígrafe anterior, la mayoría del Parlamento se remontaba a la Italia de Mussolini para expresar su «profunda preocupación por el hecho de que las generaciones más jóvenes de dentro y fuera de Europa se sientan cada vez menos preocupadas por la historia del fascismo». Para sorpresa de nadie, nada se dijo de la historia del comunismo y de qué pensaban y cómo trataron el Ché Guevara, Salvador Allende o el propio Iósif Stalin a las personas homosexuales en sus respectivos regímenes.
Pero, sin duda, una de las cosas que más llamó la atención del texto aprobado por la Eurocámara fue la ausencia de cualquier palabra o mención al islamismo radical o los problemas de integración de la inmigración descontrolada como causa o factor del aumento de delitos contra la denominada comunidad «LGTBIQ+» que, a juicio del Parlamento, se está produciendo en Europa. Toda la culpa se la llevó la cacareada «extrema derecha», expresión que fue utilizada en el texto más de una veintena de veces en sus varias modalidades.
