A nadie se le escapa que en la Unión Europea hay dos varas de medir muy distintas según si un gobierno es fiel al dictado ideológico de Bruselas o no. Continuamente vemos las amenazas de la Comisión a Polonia y Hungría por cuestiones que afectan a otros Estados miembros con los que, sin embargo, se hace la vista gorda por sistema.
Ejemplos hay muchos, como cuando Bruselas multó a Polonia con 15 millones de euros por negarse a cerrar una mina de carbón para inmediatamente después aceptar sin rechistar que Alemania reabriera las suyas. O cuando la Eurocámara aprobó una dura resolución contra Hungría por decretar las primeras medidas de excepción de la UE contra la pandemia de Covid para luego callarse ante las sucesivas restricciones que se fueron imponiendo en el resto de países, muchas declaradas ilegales por la Justicia, como en el caso de los estados de alarma de España.
El español es uno de esos gobiernos fieles. Y Bruselas sabe recompensar a sus amigos. Así, ha vuelto a ocurrir con la elaboración de un informe encargado por la comisión de Contabilidad del Parlamento Europeo al que ha tenido acceso La Gaceta de la Iberosfera, en el que se remite nada menos que a un artículo del diario gubernamental El País como fuente para demostrar que el Ejecutivo de Sánchez estaría utilizando los fondos europeos de forma correcta y transparente.
El texto oficial, fechado en noviembre de 2021, afirma que los mecanismos de control de los fondos europeos por parte de España «se perciben como efectivos para detectar irregularidades sospechosas de fraude», tal y como «ha señalado también un artículo de El País«. Y en la siguiente página añade que «tal y como informa El País, en 2021, en el contexto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Covid-19, el Ministerio de Hacienda desarrolló aún más los instrumentos para prevenir el fraude».
Fuentes del Parlamento Europeo consultadas por La Gaceta de la Iberosfera subrayan la «falta de seriedad y de objetividad de una institución que se gasta el dinero de los contribuyentes en un asesoramiento externo que toma como fuentes a medios subvencionados» y añaden que este tipo de informes demuestran la «falta de imparcialidad, de rigor, de profesionalidad y de seriedad del Europarlamento». «Habría que saber cuánto les ha costado a los contribuyentes semejante propaganda», sentencian.
