España se adhirió oficialmente, junto con Portugal, a la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986 con la firma del acta de adhesión que se firmó en el Palacio Real de Madrid. Antes de llegar a ese momento, había tenido que hacer una serie de ajustes durante casi 10 años con los gobiernos de la UCD de Adolfo Suárez y del PSOE de Felipe González.
Hoy son muchas las voces que abogan por reformar la UE y revertir las políticas del consenso entre populares y socialistas que han provocado, por ejemplo, el desmantelamiento de la industria española en las últimas décadas.
Así, en el año 1975 España era la octava potencia industrial del mundo. Casi 50 años después ostenta en torno al puesto número 15 a nivel mundial, con una tendencia a la baja cada vez pronunciada. La causa tiene que ver con la llamada «reconversión industrial» que la Comunidad Económica Europea exigía a España para poder acceder a ese club. Comenzó en el año 1980 bajo el gobierno de Adolfo Suárez y continuó con los de Felipe González. Con el objetivo de adaptar la situación económica del país a las demandas de Europa, se inició un proceso de readaptación y cambio del tejido industrial.
El supuesto objetivo era modernizar los motores económicos para superar el «atraso de nuestra economía». Pese a este aparentemente noble objetivo, existió, en palabras del economista Roberto Centeno, una falta de «valentía política» en todos los ámbitos que acabó con una pérdida de 19 puntos del PIB por parte del sector industrial entre 1975 y 2009.
El PSOE cedió sistemáticamente a cualquier petición europea en nombre de una integración más armoniosa, lo que consistió en una falta de defensa de las ventajas comparativas frente al resto de socios europeos. Nuestras fábricas cerraron por la falta de ayudas, alegándose baja productividad, mientras que Francia se enfocó en reformar sus sectores estratégicos.
Cayó la construcción de barcos —en un momento en que España era de las principales productoras del mundo— o el tejido nuclear iniciado décadas atrás, paralizando de golpe la construcción de 10 centrales que habrían permitido a España alcanzar la soberanía energética. Esta paralización benefició a países como Alemania o Francia, con mayor poder en el contexto político del momento.
Cuotas de producción y asfixia para el sector primario
La entrada de España en la Comunidad Económica Europea también supuso un quebradero de cabeza para los agricultores, ganaderos y pescadores, que comprobaron cómo tuvieron que frenar sus producciones y dejar de ser competitivos por un supuesto principio de solidaridad con el resto de Estados miembros.
Uno de los sectores más afectados es el lácteo, que desde los años 80 ha sido regulado desde Bruselas a través de las cuotas. Introducido como apoyo a la política económica común, se intentó evitar que la producción nacional excediera la demanda de los consumidores mediante la imposición de cuotas nacionales de producción. «El problema es que España aceptó una cuota muy inferior a la que debería tener», explicó en su día Albert Massot Marti, profesor de la Universidad de Barcelona y en aquel momento administrador de estudios parlamentarios de Agricultura del Parlamento Europeo.
Massot afirmó que, como consecuencia, la cuota fija de producción de España siempre ha sido muy inferior a la demanda de los consumidores españoles. Aunque se consumen unos nueve millones de toneladas de productos lácteos cada año, los ganaderos tienen la cuota fijada en seis millones de toneladas. Como consecuencia, Francia y otros países de la Unión suministran a esta parte del mercado español.
A todas estas limitaciones se sumó en los últimos años que las medidas de corte ecologista que aprobaron el PP y el PSOE, como el Pacto Verde Europeo o los acuerdos de libre comercio que suponen una competencia desleal para el sector primario porque no se cumplen las mismas reglas y se viola el principio de preferencia comunitaria.
Asimismo, se incrementó de manera exponencial la burocracia que se le exige al campo español y también se ha reducido desde la Unión Europea el presupuesto de la Política Agraria Común, más conocida como PAC, que en un 40% viene condicionada por cuestiones medioambientales en muchos casos inasumibles por agricultores y ganaderos.
