La mayoría de los Veintisiete Estados miembro de la Unión Europea han manifestado este miércoles que existe un acuerdo suficiente para fijar la posición sobre el mecanismo de crisis clave en la reforma de la política de asilo e inmigración de la Unión Europea. Este consenso entre la mayoría de los Estados llega después del último debate abierto hace algunas semanas por las discrepancias de varios países europeos.
La adopción del mandato sobre el mecanismo se ha producido en una reunión a nivel de embajadores en Bruselas, después de que Alemania e Italia mostraran su escepticismo sobre la situación de las ONGs que operan en el Mediterráneo, muchas veces colaborando con mafias que se lucran de la inmigración ilegal.
En palabras de Fernando Grande-Marlaska, se ha alcanzado una «mayoría incuestionable». Aún así, los 27 han optado por dar más tiempo a Italia para que explique el acuerdo en el seno de su gobierno tripartito y poder así contar también con el apoyo italiano —al fin y al cabo, uno de los países más afectados por la invasión migratoria—.
El nuevo mecanismo, reservado sólo para situaciones excepcionales, obligará a los gobiernos de la Unión Europea a apoyar a los Estados miembro que se vean desbordados por la presión migratoria en sus fronteras. También diluye en la práctica las cuotas obligatorias de reubicación —al ofrecer la voluntariedad de acoger inmigrantes a través de distintas formas de compensación financiera—.
Este mecanismo, sin embargo, no hay conseguido unanimidad. Así como algunos países del Mediterráneo han mostrado sus dudas, los gobiernos de Polonia y Hungría rechazan de plano el acuerdo. Un acuerdo que obliga a los Estados europeos a interferir en el control migratorio de otros países. Esta medida del nuevo pacto de inmigración no hay gustado en Varsovia y Budapest.
