Cada día se hace más evidente que la palabra fetiche de nuestro tiempo, «democracia», está perdiendo todo su atractivo entre las élites europeas, que ven cómo sus pueblos se inclinan cada vez más hacia opciones soberanistas para evitar su desaparición. Y ahora han decidido recurrir a cualquier añagaza para no perder el poder.
Lo hemos visto esta semana en Alemania, donde los partidos del sistema están intentando prohibir por completo a los soberanistas de Alternativa para Alemania (AFD) por oponerse a la inmigración masiva, pese a que el partido es ya el segundo en apoyo popular y se espera que gane una influencia sustancial en las elecciones federales de 2025. Si les dejan, claro.
En Austria, el soberanista Partido de la Libertad ganó las elecciones parlamentarias en septiembre, aunque los partidos de izquierda y de centro están tratando de consolidar una coalición antinatura para anular la capacidad de gobernar del FP. La incesante propaganda de los medios europeos han comparado constantemente el éxito del Partido de la Libertad con el ascenso del Tercer Reich, el cansino recurso de las élites instaladas.
Y ahora en Francia, donde los soberanistas de Agrupación Nacional son el partido más votado, los fiscales de París han acusado a Marine Le Pen de utilizar dinero destinado a los asistentes parlamentarios europeos para pagar en su lugar a los empleados que trabajaron para el partido entre 2009 y 2016.
Un problema es que la ley de la que se acusa a Marine Le Pen no se creó hasta 2016. Además, Le Pen sostiene que los empleados de Agrupación Nacional también pueden trabajar dentro del Parlamento Europeo y que las dos funciones a menudo se superponen. Afirma que no se infringió ninguna ley y que nadie recibió fondos de la UE que no se le adeudaran ya.
Pero ya se explotó una coalición disparatada similar al contubernio austriaco para frenar a Agrupación. La coalición es un caos fragmentado, pero cumplió su propósito de desbaratar la voluntad de los votantes franceses.
Si es condenada, Le Pen podría recibir hasta cinco años de prisión (tres de ellos en suspenso) y multas cuantiosas de 300.000 euros, pero lo peor de todo es que también podría ser inhabilitada para participar en elecciones durante cinco años, incluso si presenta un recurso. Los funcionarios del Gobierno admiten que Le Pen podría no pasar tiempo en prisión (podría convertirse en una mártir conservadora si eso sucediera), pero su incapacidad para presentarse a las elecciones terminaría efectivamente con las posibilidades de Agrupación Nacional en las elecciones de 2027.
«No es ninguna sorpresa», dijo Le Pen a los periodistas después de los argumentos finales de la Fiscalía. «Observo que las afirmaciones de los fiscales son extremadamente escandalosas». Le Pen dijo que sentía que los fiscales «sólo estaban interesados» en impedir que se presentara a la presidencia en 2027. «Lo entendí bien», dijo. El caso está previsto que concluya a principios de 2025.
El truco es viejo, y el vencedor de las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump, perseguido por fiscales financiados por Soros en las causas más frívolas imaginables, lo conoce bien.
