«Que permitan que el campo sea rentable». «Si no quieren ver un país desierto y sin agricultores en los pueblos, que actúen». «Nos están arruinando». Eran las frases más repetidas por los miles de trabajadores del campo español que este pasado miércoles tomaron Madrid a pesar de las presiones y trabas del Gobierno a las que tuvieron que enfrentarse. Desde las dificultades para desplazarse por la capital impuestas al casi millar de tractores llegados desde todo el país, hasta la imposibilidad de completar el recorrido oficial por orden del delegado del Gobierno, lo que provocó que la Policía cargara violentamente contra los manifestantes que trataron de continuar el camino pactado con las autoridades.
Nada logró impedir, sin embargo, que los representantes del sector primario pudieran llegar hasta las puertas del Ministerio de Agricultura —en el que por supuesto no se encontraba Luis Planas—, y reivindicar la importancia de su trabajo, además de denunciar todas las dificultades a las que se enfrentan en su día a día y que la burocracia, tanto española como europea, no para de empeorar. Y no lo hace precisamente por el mal llamado ‘cambio climático‘, sino por las políticas que implementan Bruselas y la ONU para, supuestamente, tratar de hacerle frente.
Sí es cierto que el clima ha generado problemas a los agricultores y ganaderos desde tiempos inmemoriales. El pasado 2023 unas semanas de heladas a punto de comenzar el verano que produjeron pérdidas millonarias a nuestros productores de aceitunas o uvas. Este principio de 2024 una sequía extrema y difícil de paliar por la falta deliberada de infraestructuras y de un plan hidrológico nacional.
Pero las principales desgracias para nuestro campo no caen del cielo, sino que llegan de los despachos de burócratas de Naciones Unidas o de la Comisión y el Parlamento Europeos. Llama la atención, si se dedican un par de horas a hablar con los trabajadores agrarios, que todos ellos conocen a fondo las implicaciones de la Agenda 2030 para sus explotaciones. Este plan, aprobado por la ONU en 2015 y compuesto por diecisiete objetivos de ‘desarrollo sostenible’ fue adoptado por la Asamblea General en 2015 y suscrito por multitud de países, entre ellos España, bajo un Gobierno del PP.
Aunque sus propios impulsores afirman que se trata de «un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el año 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad», la realidad es que la imposición de la «agricultura sostenible» condena a la desaparición a esta actividad primaria tal y como la conocemos. Paradójico si se tiene en cuenta que uno de los objetivos es el «hambre cero», algo imposible de lograr obligando a los agricultores y ganaderos a cumplir cada vez con más requisitos técnicos legales para, presuntamente, cuidar el medioambiente, y en un contexto mundial de inflación y subidas de precios generalizados.
La UE ha ido un paso más allá, incluso, con el Pacto Verde Europeo del que tanto hemos oído hablar esta semana a políticos y trabajadores de campo. Se trata de una especie de agenda 2050, ya que incrementa el nivel de exigencia de los objetivos de desarrollo sostenible para convertir a Europa en «climáticamente neutra» antes del año 2050. El proyecto comenzó a desarrollarse en 2021 y se aprobó definitivamente el año pasado. La Comisión Europea pretende reducir las emisiones del campo europeo en al menos un 55% para finales de esta década.
De nuevo, como con los objetivos de la ONU, los documentos oficiales aseguran la elaboración de directivas destinadas «a empoderar a los consumidores para la transición ecológica» o «cubrir el 40% de las necesidades de la UE en productos de tecnologías estratégicas de cero emisiones netas, como los paneles solares». En la práctica, la Política Agraria Común (PAC) que tradicionalmente ha perjudicado a España en favor de otros países comunitarios, ahora simplemente deja al total del campo europeo en una situación de desprotección en la que es materialmente imposible competir con los productores extracomunitarios que no tienen que cumplir con los requisitos de uso de productos fitosanitarios, la rotación de parcelas en barbecho obligatoria y que además pagan salarios muy inferiores. Especialmente Marruecos y Sudáfrica se ven cada año más beneficiados por las dificultades que impone la Unión Europea a su propio sector primario.
A pesar de todo, la puntilla definitiva a nuestro primer sector podría llegar de la mano del Cuaderno Digital, una demanda incluida en el Pacto Verde que resultará sencillamente imposible de cumplir para muchas explotaciones. Daniel Sualdea, responsable de tres viñedos en Burgos explica a LA GACETA en qué consiste este registro publicado en el BOE en diciembre de 2022 y que será de obligado cumplimiento a partir del 1 de septiembre de 2024: «En el caso de los agricultores, tienes que indicar, en un plazo máximo de siete días lo que haces en cada finca (prácticas culturales, fertilización, cosecha…) y hay que colgarlo en Internet. Hay una plantilla en una web y ahí tienes que meter tus parcelas e ir completando periódicamente toda la información solicitada». Todos estos datos, así como el cumplimiento de las normativas ya estaban recogidos en el cuaderno de campo actual. El Cuaderno Digital no facilita en nada la gestión, ni proporciona especiales beneficios para las administraciones.
Los problemas de esta nueva obligación, en la España vaciada son muchos, incluyendo la dificultad de muchos trabajadores incluso para poder acceder al Cuaderno, ya que «hay señores de 80 años que nunca ha utilizado internet. Tendrían que sacar la firma electrónica y aprender a meter todos los datos. Es decir, es imposible. Y además en la mitad de los pueblos no hay cobertura que te permita meter esos datos», según Sualdea.
Muchos agricultores tienen claro que «lo disfrazan de Pacto Verde y de mejora de la calidad de los cultivos, pero el objetivo es minimizar la producción en Europa y depender de terceros países. No cabe duda. Toda (o una gran parte) de la producción de terceros países está controlada por fondos de inversión que tienen millones de hectáreas de cultivo. Por ejemplo Bill Gates tiene más de 100.000 hectáreas en Estados Unidos. Una vez que los pequeños productores vayamos abandonando el campo, toda la producción mundial estará en sus manos y podrán controlar el mercado a su antojo».
Pero 2024 es año de Elecciones Europeas, y eso ha permitido apuntarse alguna victoria a los agricultores y ganaderos europeos, en pie de guerra desde hace más de un año. La última, este viernes: los Veintisiete anunciaron que el lunes abordarán la rebaja de requisitos ambientales para obtener fondos de la PAC.
La Comisión propone ahora simplificar algunos de los requisitos de condicionalidad de estas normas, al entender que ha resultado difícil de implementar en determinadas circunstancias. Bruselas ya ha concedido una exención parcial de las normas sobre tierras en barbecho en 2024, las llamadas ‘BCAM 8’ y plantea ahora cambiar también la ‘BCAM 1’, que obliga a mantener estables las superficies de pastos permanentes en la UE desde el año de referencia 2018. El campo le ha ganado un primer pulso a los legisladores europeos, pero la guerra por su supervivencia será aun muy larga.
