La Justicia serbia ha condenado a 14 años y seis meses de prisión al padre del menor que perpetró la matanza en la Escuela Primaria Vladislav Ribnikar de Belgrado, uno de los crímenes más estremecedores de la historia reciente del país.
Vladimir Kecmanović fue declarado culpable de haber enseñado a disparar a su hijo de 13 años, llevarlo a campos de tiro y no custodiar adecuadamente las armas que el menor utilizó posteriormente para matar a diez personas. Su esposa, Miljana Kecmanović, ha sido condenada a dos años y once meses por abandono y maltrato infantil.
La sentencia ha sido dictada tras un nuevo juicio, después de que el fallo anterior fuera anulado por errores procesales. Ambos progenitores podrán recurrir.
Un arsenal familiar convertido en arma de una matanza
El ataque ocurrió el 3 de mayo de 2023. El menor entró en el colegio con dos pistolas pertenecientes a su padre, varios cargadores, abundante munición y artefactos incendiarios. Las armas estaban legalmente registradas, pero la investigación concluyó que el sistema de almacenamiento no impidió que el adolescente accediera a ellas.
El padre afirmó que guardaba las pistolas en una caja fuerte protegida con un código. Sin embargo, su hijo consiguió abrirla, hacerse con el armamento y abandonar la vivienda sin que nadie lo detectara. La acusación sostuvo que Kecmanović había llevado al menor a practicar tiro y le había enseñado a manejar armas de fuego pese a su corta edad. Ese conocimiento resultó determinante durante el ataque.
Dibujó un plano y preparó una lista
La matanza no fue un acto improvisado. Según la investigación policial, el adolescente planificó el ataque durante aproximadamente un mes. Dibujó un plano detallado del colegio, estudió las entradas y pasillos y preparó una lista con nombres de alumnos. El día del crimen se dirigió primero hacia el acceso principal del centro. Allí disparó contra el guardia de seguridad y continuó avanzando por el edificio.
Después entró en un aula y abrió fuego contra estudiantes y profesores. Murieron nueve alumnos y el guardia del colegio. Una de las menores heridas falleció posteriormente en el hospital, elevando a diez el número total de víctimas mortales. Otras seis personas resultaron heridas, entre ellas una profesora.
Se entregó después del ataque
Tras la matanza, el menor llamó a la Policía y se entregó. Los agentes encontraron en su poder las armas utilizadas, munición y material que apuntaba a una planificación previa. Pese a la gravedad de los hechos, no pudo ser juzgado penalmente porque tenía 13 años. La legislación serbia fija la edad mínima de responsabilidad criminal en los 14.
El autor material de la matanza fue internado en una institución psiquiátrica para menores, donde permanece desde entonces. La imposibilidad de procesarlo trasladó el centro de la investigación hacia sus padres y, especialmente, hacia la forma en que el menor accedió a las armas.
El hijo testificó contra sus padres
Durante el proceso, el adolescente compareció como testigo contra sus progenitores. Su testimonio fue uno de los elementos examinados por el tribunal para determinar qué educación recibió, cómo aprendió a utilizar las pistolas y qué controles existían dentro de la vivienda familiar.
El juicio se celebró parcialmente a puerta cerrada para proteger la identidad de los menores y evitar una mayor exposición de las familias de las víctimas. La Fiscalía solicitó las penas máximas previstas para ambos padres.
El tribunal concluyó que Vladimir Kecmanović no sólo incumplió gravemente su obligación de custodiar las armas, sino que introdujo a su hijo en el uso de pistolas y creó las condiciones que hicieron posible la matanza.
Serbia, marcada por el crimen
El ataque conmocionó profundamente a Serbia, un país donde las matanzas escolares eran hasta entonces prácticamente desconocidas. Miles de personas salieron a las calles para exigir responsabilidades políticas, controles más estrictos sobre las armas y una respuesta contra la glorificación de la violencia.
La tragedia fue seguida poco después por otro tiroteo masivo, lo que desencadenó una campaña nacional para entregar armas ilegales y revisar las licencias existentes.
Tres años después, la condena contra los padres no cierra las heridas de las familias, pero establece una responsabilidad decisiva: quien enseña a un menor a disparar y deja un arsenal a su alcance puede responder por las consecuencias cuando esas armas terminan dentro de un colegio.
