Importantes grupos agrícolas han denunciado que las políticas climáticas (burocracia, Pacto Verde, Mercosur…) de Bruselas les harán perder hasta 39.000 millones de euros en los próximos siete años, debido al incremento del coste de los fertilizantes y a la creciente competencia de productos importados elaborados bajo normas menos exigentes que las europeas.
Las organizaciones agrarias alertan de que el principal problema se encuentra en el llamado Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono de la Unión Europea, conocido como CBAM, una herramienta diseñada por Bruselas para gravar las importaciones con elevadas emisiones contaminantes. La Comisión Europea defiende que este sistema busca evitar que las empresas trasladen su producción fuera de Europa y proteger a la industria comunitaria frente a productos más baratos procedentes de terceros países.
Sin embargo, el sector agrícola sostiene que la medida está teniendo un efecto devastador sobre las explotaciones europeas. Los agricultores recuerdan que cerca de un tercio de los fertilizantes nitrogenados utilizados en la UE procede del exterior y que, con la aplicación del nuevo mecanismo, el precio de estas importaciones se disparará.
El problema, según explican las asociaciones agrarias, es que los productores no tienen capacidad para trasladar esos sobrecostes al consumidor, ya que el precio de los cultivos se fija en los mercados internacionales. Esto provoca que las explotaciones asuman mayores gastos sin aumentar sus ingresos, reduciendo todavía más unos márgenes que ya consideran mínimos.
Las estimaciones del sector apuntan a que el impacto directo del CBAM alcanzará los 820 millones de euros en 2026 y podría elevarse hasta los 3.400 millones anuales en 2034. En conjunto, el coste acumulado rondaría los 12.000 millones de euros. No obstante, las organizaciones agrarias advierten de que el golpe económico podría triplicarse si los fabricantes europeos aprovechan la menor competencia exterior para subir también sus precios, llevando las pérdidas totales cerca de los 39.000 millones.
Los agricultores denuncian además que esta situación llega en un momento especialmente delicado. La producción de fertilizantes nitrogenados depende en gran medida de la energía y de materias primas vinculadas a regiones geopolíticamente inestables, como Oriente Medio. Según datos citados por el Parlamento Europeo, el precio de estos productos ya se ha incrementado entre un 30% y un 60% en los últimos años.
A esta presión económica se suma la preocupación por lo que consideran una competencia desleal procedente de terceros países. El sector critica que los productores europeos deben cumplir estrictas exigencias medioambientales y fitosanitarias, mientras que numerosas importaciones acceden al mercado comunitario bajo estándares mucho menos rigurosos gracias a distintos acuerdos comerciales.
Entre los ejemplos más citados por las organizaciones agrarias figura Marruecos. Diversas alertas del sistema europeo RASFF han detectado residuos de pesticidas en determinadas importaciones, mientras que auditorías comunitarias han señalado diferencias en los controles fitosanitarios aplicados fuera de la UE. Aunque esos productos cumplen las condiciones legales para entrar en territorio europeo, los agricultores denuncian que no están sujetos a las mismas limitaciones que ellos soportan.
Esta situación ha reactivado dentro del Parlamento Europeo el debate sobre las llamadas «cláusulas espejo», una propuesta que exigiría a las importaciones cumplir idénticas normas medioambientales y sanitarias que las impuestas a los productores europeos. Organizaciones como Copa-Cogeca consideran que, sin estas garantías, las políticas comunitarias acabarán debilitando aún más al campo europeo.
Bruselas insiste en que el CBAM es una pieza clave de su estrategia climática y defiende que resulta imprescindible para evitar la deslocalización de emisiones contaminantes. No obstante, los agricultores aseguran que el sistema actual les obliga a asumir todos los costes de la transición ecológica sin ofrecer compensaciones reales ni medidas efectivas de protección frente a la competencia exterior.
Con los costes energéticos disparados, el precio de los fertilizantes en máximos y unas rentabilidades cada vez más reducidas, buena parte del sector teme que numerosas explotaciones dejen de ser viables en los próximos años.
