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PREVISIBLEMENTE SERÁ EL PRÓXIMO PRIMER MINISTRO

Los ataques al presidente del Banco Nacional y el «turbinagate» ponen a prueba a Tusk (y a su débil coalición) en Polonia

Donald Tusk. Europa Press

El liberal Donald Tusk —y previsiblemente próximo primer ministro— atacó al presidente del Banco Nacional de Polonia, Adam Glapiński, y le acusó de actuar en favor del partido conservador Ley y Justicia, ganador de las elecciones parlamentarias con más del 35% de los votos.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, salió en defensa de Glapiński, respaldándole mediante una carta en la que asegura que estará protegido por la legislación de la Unión Europea en caso de que el próximo Gobierno polaco busque llevarlo ante un juez.

La larga disputa entre Tusk y Glapiński ha llevado a la nueva mayoría parlamentaria conformada por la Coalición Cívica (KO), la Izquierda, Polonia 2050 y el Partido Popular Polaco (PSL) a considerar llevar al presidente del NBP ante el tribunal estatal de Polonia. «Cualquier intento de llevar a Glapiński ante el Tribunal Estatal activaría la protección contemplada en el estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del BCE destinada a garantizar la independencia de los líderes de los bancos centrales nacionales», señaló Lagarde.

La Constitución de Polonia establece que el presidente del Banco Nacional sólo puede ser procesado con motivos específicos y que cualquier moción para llevarle ante la Justicia debe ser aprobada por una mayoría absoluta en el Parlamento.

La polémica llega mientras el PiS acusa a Tusk de ceder ante los «lobbies» energéticos extranjeros con el proyecto de ley sobre energía eólica, una norma que, a su juicio, busca «vaciar los bolsillos de los polacos» y que se ha bautizado como «turbinagate». El partido agrario PSL, socio de Tusk en la coalición «frankenstein» que incluye a diputados de extrema izquierda, se distanció del borrador.

El todavía viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Paweł Jabłoński, afirmó que el país se verá «inundado de turbinas importadas usadas». «Y asumirá los costes de almacenamiento y eliminación de desechos peligrosos previamente explotados por Alemania y otros países. Y todo bajo el pretexto de ‘modernización'», concluyó.

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