Los ministros de Interior de la Unión Europea discutirán el modo de agilizar las expulsiones de inmigrantes ilegales con medidas «innovadoras» tras las distintas reclamaciones de los gobiernos partidarios de endurecer la política de asilo. Una de las propuestas es la creación de centros de deportación fuera de la UE o con sanciones a los países que no acepten los retornados.
El documento de trabajo, enviado por la presidencia húngara a los 27 estados miembros, sirve para preparar la discusión de la reunión de ministros en Luxemburgo, en un debate del que, según fuentes diplomáticas, no saldrán decisiones, pero servirá para «aclarar» posiciones y posibilidades sobre la mesa. En este sentido, el texto pregunta a las delegaciones si es el momento de explorar la «viabilidad de soluciones innovadoras» como la creación de «centros de retorno» a donde expulsar inmigrantes si su deportación no es posible de manera rápida.
De este modo, se apunta a la reflexión de soluciones «jurídica, operativa y diplomáticamente sólidas» que permitan enviar a los inmigrantes a un país tercero «seguro» mientras se resuelve su expulsión definitiva o hasta que acepte regresar de manera «voluntaria». Además, otra de las ideas que ponen sobre la mesa es la de una mayor firmeza y celeridad en las expulsiones de personas que han sido condenadas por algún delito o sean consideradas «amenaza para la seguridad».
La presidencia húngara también pide mejorar la aplicación de instrumentos «válidos», como es la posibilidad de castigar a los países de origen o tránsito que no cooperen adecuadamente en los programas de retorno, por ejemplo endureciendo la política de visados como ya hace con Gambia y Etiopía.
Un bloque de 14 países piden una reforma de la directiva para acelerar las expulsiones
En esta línea, un bloque de 14 países de la Unión Europea – entre ellos Francia, Alemania, Austria, Países Bajos e Italia – han pedido en otro documento una reforma de la directiva de retorno para contar con un nuevo marco legal que «facilite y acelere» las expulsiones. Algunos países que no son miembros de la UE, pero sí del espacio sin fronteras Schengen, también firman la posición.
El escrito pide al Ejecutivo comunitario que revise su propia propuesta para un «cambio de paradigma» en el proceso de retornos que acote las «responsabilidades» del inmigrante ilegal, de modo que queden claros sus «derechos y obligaciones» para que, si hay falta de cooperación, afronte «consecuencias y sea sancionado».
Además, es probable que la reflexión sobre la revisión de la estrategia de retornos sea unos de los temas en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que se celebrará en Bruselas una semana después de la discusión de los ministros de Interior.