Entran ilegalmente, delinquen, vuelven a la calle y delinquen de nuevo, aunque están en la lista para ser deportados. Algo grave está fallando en Europa.
Concretamente, en el Reino Unido, donde delincuentes extranjeros que deberían haber sido deportados cometieron 10.000 delitos, según datos publicados del Ministerio de Justicia.
Cuenta The Telegraph que en un año, hasta marzo de 2022, se registraron un total de 10.012 delitos más por parte de 3.235 delincuentes extranjeros, delitos que se habrían evitado si las autoridades hubieran cumplido su deber de deportarlos. El número representa un 25% más que el año anterior, cuando se registraron 8.021 delitos cometidos por 2.462 delincuentes extranjeros liberados.
Casi uno de cada cuatro criminales extranjeros liberados después de cumplir condena por sus delitos pero no deportados cometió otros delitos, cuya gravedad iba desde asesinato hasta posesión de armas blancas y delitos relacionados con drogas. El Ministerio de Justicia publicó los datos de abril de 2018 a marzo de 2022 tras una solicitud parlamentaria del recién elegido diputado de Reform UK, Rupert Lowe.
En una publicación en X, Lowe reveló que durante ese período se habían producido casi 40.000 reincidencias por parte de ciudadanos extranjeros, muchos de los cuales estaban legalmente obligados a ser deportados por el Ministerio del Interior. De esos delitos, casi 5.000 fueron delitos violentos o sexuales. «Si nuestro establishment hubiera tenido el coraje de hacer lo correcto, estos crímenes nunca habrían ocurrido. Es una vergüenza», comentó Lowe.
El periódico británico destacó varios casos en los que delincuentes extranjeros cometieron actos atroces de violencia, citando el fallido intento de deportación del jamaicano Ernesto Elliott, quien después de impugnar con éxito su expulsión fue condenado por robar y apuñalar hasta la muerte a un hombre en el sur de Londres en junio de 2021.
En otro caso que involucraba a un traficante de drogas también jamaicano, Lloyd Byfield evadió la deportación sólo para luego matar a una joven en su propia casa, lo que resultó en cadena perpetua.
El Gobierno anterior a menudo citó a los abogados de inmigración —activistas de izquierda— como el principal obstáculo para eliminar a los criminales extranjeros no deseados, pero nunca tuvo un líder que se comprometiera a deshacerse de la legislación.
