Una encuesta reciente realizada por la agencia Nézöpont refleja el rechazo de un 77% de los húngaros al polémico acuerdo migratorio europeo que prevé multas de hasta 20.000 euros por inmigrante no acogido y que fue aprobado —con el voto a favor del Gobierno español— el pasado 8 de junio.
A la opinión pública húngara se suma la postura de su Gobierno, que rechazó de forma contundente la propuesta que se debatió hace unas semanas en el Consejo y que impone sanciones económicas al incumplimiento de cuotas.
Tal y como han afirmado fuentes oficiales, el nuevo acuerdo, que fue aprobado con el voto a favor de la mayoría de Estados miembros, ejercería competencias que corresponden a las naciones europeas. En esta línea, György Bakondi, consejero de seguridad nacional del primer ministro, Viktor Orbán, advirtió de las consecuencias de admitir un amplio número de inmigrantes y reiteró la negativa del Ejecutivo a ceder ante la presión de Bruselas, así como su compromiso con la protección de las fronteras del país, especialmente en la zona sur, donde el aumento de bandas de tráfico de inmigrantes se ha acentuado.
Esta postura —minoritaria entre los Estados que conforman la Unión Europea, tal como se evidenció en la última de las votaciones— coincide con la de otros países vecinos situados en Este y Centro de Europa que, de manera similar, comparten una misma preocupación por la seguridad nacional frente a los fenómenos migratorios.
La última reunión del Grupo de Visegrado, del que forman parte Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa, puso de manifiesto tal alineamiento. Las primeras sesiones de la cumbre del también conocido como V4 culminaron con la adopción de una postura común contra la estrategia migratoria trazada por la Comisión Europea. Los cuatro dirigentes, incluido Orbán, calificaron de «frívola» la propuesta de la Comisión, exigiendo un replanteamiento por parte de la institución europea que «pueda tomarse en serio».
Los últimos sucesos acontecidos al sur del país han acrecentado el recelo de los ciudadanos húngaros frente a los flujos migratorios. En las pasadas semanas, los frecuentes tiroteos acometidos por inmigrantes ilegales asentados en el bosque de Subotica a la espera de entrar al país han servido de ejemplo a miembros del equipo de Gobierno para denunciar los constantes ataques que sufre la frontera húngara. Balasz Orbán, asesor del primer ministro y miembro del Consejo de Ministros, criticó hace sólo unos días el carácter obligatorio de las cuotas de Bruselas llegando a afirmar que «fomentarán aún más la inmigración ilegal».
Los dirigentes han optado por la participación directa ciudadana como respuesta a las nuevas ordenanzas de la burocracia europea. Referéndums y encuestas que reflejan la disconformidad de los húngaros han servido de argumento para justificar su postura ante las instituciones europeas. Las consultas ciudadanas son un hecho recurrente en el funcionamiento político de Hungría. En 2016, un referéndum sobre inmigración reflejó la oposición de la mayor parte de la población a la admisión forzosa de inmigrantes.
Varios estados europeos han adoptado una estrategia similar, siendo Polonia y Austria dos claros ejemplos de ello. El Gobierno polaco, encabezado por el Partido Libertad y Justicia (PiS), anunció recientemente un referéndum sobre las cuotas de inmigrantes impuestas por Bruselas, mientras que el Partido de la Libertad austriaco (FPÖ según sus siglas en alemán) comunicó la convocatoria de una consulta sobre la expulsión de los solicitantes de asilo que hayan cometido algún acto criminal.
