Los inmigrantes que viven en el Reino Unido tienen 3,5 veces más probabilidades de ser arrestados por delitos sexuales en comparación con los ciudadanos británicos.
Así lo refleja un reciente informe del Centro para el Control de la Migración que detalla que entre enero y octubre de 2024, se registraron más de 9.000 detenciones de extranjeros por estos crímenes, lo que representa una cuarta parte del total. La proporción es alarmante: 164 de cada 100.000 ciudadanos extranjeros fueron arrestados por delitos sexuales, frente a 48 de cada 100.000 británicos.
Además, el informe señala que los arrestos no se limitan a delitos sexuales. Los extranjeros presentan una tasa de arrestos significativamente mayor por delitos relacionados con drogas (18 por cada 10.000, frente a 8 por cada 10.000 británicos) y crímenes violentos (65 por cada 10.000 extranjeros, frente a 50 por cada 10.000 ciudadanos locales). En términos generales, la incidencia de detenciones entre extranjeros duplica la de los ciudadanos británicos.
Dentro de la categoría de extranjeros, los albaneses destacan con 210 arrestos por cada 1.000 ciudadanos en el país, seguidos de afganos, iraquíes, argelinos y somalíes. Estos datos han reabierto el debate sobre la gestión migratoria en el Reino Unido, con críticas directas al Gobierno de Keir Starmer.
El director del Centro para el Control de la Migración, Robert Bates, ha calificado las cifras como un reflejo de fallos graves en las políticas de inmigración. Según él, la incapacidad de controlar de forma eficaz la entrada y permanencia de ciertos grupos en el país ha derivado en consecuencias sociales graves y evitables.
La controversia escaló aún más cuando Elon Musk acusó directamente al primer ministro Keir Starmer de «crímenes terribles contra el pueblo británico». Según Musk, Starmer fue cómplice de las «violaciones masivas» al no investigar los abusos cometidos por bandas de hombres pakistaníes durante su etapa como jefe de la Fiscalía.
El origen de esta crisis se remonta a 2010, cuando comenzaron a hacerse públicos los abusos y el número de víctimas se estimó en miles. Ciudades como Rochdale, Oldham y Rotherham se convirtieron en los epicentros del escándalo.
En 2014, un informe encargado por el Gobierno y dirigido por la académica Alexis Jay reveló que al menos 1.400 menores fueron explotadas sexualmente en Rotherham entre 1997 y 2013, mayoritariamente por redes organizadas de origen pakistaní. Este documento, que describía la magnitud de los abusos, destapó una complicidad institucional que permitió a los responsables operar durante años sin enfrentar consecuencias.
La reapertura de este caso ha intensificado las demandas de transparencia y acción por parte de la sociedad británica. A medida que la tensión política y social aumenta, el gobierno de Starmer enfrenta una creciente presión para abordar de manera efectiva los problemas relacionados con la inmigración y la justicia, que siguen siendo temas centrales en el debate público.
