El Acuerdo de Schengen es un tratado internacional por el que varios países de Europa suprimieron los controles en las fronteras interiores y trasladaron esos controles a las fronteras exteriores. En total, permite a más de 400 millones de personas desplazarse libremente entre los países adheridos, pero puede ser suspendido ante algunas excepciones.
Si algún país miembro considera que su seguridad interna o el orden público están en peligro, está en su derecho de saltarse el acuerdo temporalmente hasta volver a la «normalidad», según avanza el diario El Debate. De hecho, la ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser, ha instaurado controles fronterizos temporales en todas las fronteras terrestres del país con el objetivo de limitar la inmigración ilegal. Esta medida extiende, por un periodo de seis meses, los controles ya vigentes en las fronteras con Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca.
Aunque la libertad de movimiento dentro de Schengen es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea, no es inamovible. En circunstancias excepcionales, se pueden reintroducir los controles fronterizos. Un ejemplo de ello fue la pandemia de Covid-19, durante la cual hasta siete países, entre ellos España, aplicaron restricciones. En noviembre y diciembre de 2019, España también suspendió temporalmente la libre circulación durante la COP25, celebrada en Madrid tras la cancelación del evento por parte de Chile. Recientemente, en junio, Italia adoptó una medida similar durante la cumbre del G-7.
Es común que estas excepciones se deban a razones de seguridad, como cumbres políticas o eventos deportivos de alto riesgo. Expertos en seguridad sugieren que, idealmente, estas decisiones se deberían coordinar entre todos los países miembros.
En el caso de que las causas sean previsibles, el país que decida aplicar controles fronterizos debe notificarlo a la Comisión Europea y a los demás estados miembros con al menos cuatro semanas de anticipación. Estos controles pueden mantenerse por un periodo máximo de seis meses. En situaciones imprevistas, la normativa también permite a los países reintroducir controles de manera más inmediata.
