La creciente inseguridad en el transporte público de Alemania ha llevado a la clase política a plantear propuestas controvertidas para proteger a las pasajeras en trenes y autobuses. La portavoz de política de transporte del Partido Verde en Berlín, Antje Kapek, ha sugerido implementar vagones exclusivos para mujeres, inspirándose en modelos ya existentes en países como Japón, India e Indonesia. Esta medida se plantea como una respuesta al alarmante aumento de los delitos sexuales graves, que en Berlín se registran a un ritmo de más de una agresión al día, según cifras policiales recientes.
En el primer semestre de 2024, la policía federal documentó 13.543 delitos violentos en estaciones de tren en todo el país, lo que subraya un deterioro significativo en la seguridad del transporte público. Los «vagones para pasajeras», que podrían estar disponibles todo el día o en horas punta (como en Tokio, de 17 a 21 horas), buscan ofrecer un espacio seguro para las mujeres, aunque no abordan el problema de raíz: los agresores. Según un informe del medio NiUS sobre Renania del Norte-Westfalia, el 55,8% de los perpetradores de agresiones sexuales no eran alemanes o eran de origen inmigrante, un dato que ha generado debate sobre las políticas migratorias y de seguridad del país.
Los críticos señalan que este tipo de iniciativas solo aborda un síntoma del problema sin enfrentar las causas profundas, como la violencia ejercida por hombres, especialmente aquellos de determinadas comunidades. Los Verdes, que respaldaron abiertamente la apertura de las fronteras alemanas en 2015, evitan debatir públicamente sobre la sobrerrepresentación de ciertos grupos en las estadísticas delictivas. Este enfoque refleja, según analistas, un patrón por el que pretenden no abordar el problema sino sacar rédito electoral.
Ejemplos de esta estrategia política incluyen la reciente directriz en Turingia, donde se permite al personal ferroviario optar por no inspeccionar los billetes de pasajeros que aparenten ser extranjeros, para evitar posibles confrontaciones. Además, a nivel nacional, las autoridades han propuesto prohibir en público cuchillos con hojas de más de 6 cm, una medida que, para muchos, pone el foco en los objetos en lugar de en los responsables de los delitos violentos. Estas decisiones han generado descontento entre los ciudadanos, que perciben una falta de voluntad oficial para abordar directamente la violencia.
