El estado de emergencia fue insuficiente para hacer frente a la amenaza terrorista que vive el país. Más de 240 personas han sido víctimas de atentados en Francia desde 2015.
La nueva realidad que vive Francia ha obligado a Emmanuel Macron, que durante la campaña culpó a los franceses de los atentados, a preparar un ambicioso plan antiterrorista cuyo objetivo principal es terminar con la oleada de ataques en suelo francés. El primer fin de semana de octubre, un islamista armado con un cuchillo asesinó dos jóvenes estudiantes en la estación central de ferrocarril de Marsella (Francia) al grito de «Alá es grande».
El Parlamento francés aprobó a comienzos de octubre la nueva ley que incorpora al derecho ordinario varias medidas excepcionales para el combate contra el terrorismo que figuran en el actual estado de emergencia.
La norma entrará en vigor el próximo 1 de noviembre, cuando acaba el estado de emergencia que está vigente desde noviembre de 2015, activado por el recrudecimiento de la oleada de atentados yihadistas en Francia. La nueva ley traspondrá al derecho ordinario medidas excepcionales contra el terrorismo, como el cierre de los centros religiosos en los que se profieran discursos que hagan apología de la violencia y facilitar los registros y controles a sospechosos de terrorismo.
El portavoz del Gobierno, Christophe Castaner, apuntó que con el nuevo dispositivo promovido por el jefe del Estado se quiere poner fin al estado de emergencia activado inmediatamente después de los ataques yihadistas del 13 de noviembre de 2015 en París, que es «una herramienta temporal» para «circunstancias excepcionales».
El ministro del Interior, Gérard Collomb, defendió algunas de las disposiciones más polémicas al poner el acento en que «la amenaza terrorista sigue siendo grande».
A ese respecto, recordó el atentado terrorista en el que fueron asesinadas dos jóvenes delante de la estación de Marsella el pasado 1 de octubre.
Collomb se refirió a la puesta en marcha de perímetros de seguridad en lugares susceptibles de ser objeto de atentados (como grandes festivales o las salidas y llegadas del Tour de Francia), en los que se procederá al control sistemático de las personas que entren, recurriendo eventualmente a agentes de seguridad privados.
En paralelo, y con carácter estable, se harán controles en un radio de diez kilómetros en torno a los aeropuertos y las estaciones de trenes internacionales.
Los prefectos (delegados del Gobierno) estarán habilitados para clausurar centros religiosos desde los que se profieran discursos que «inciten a la comisión de actos terroristas». El ministro precisó que actualmente hay once clausurados.
Al igual que durante el estado de emergencia, el Gobierno podrá limitar los movimientos de personas que se considere que tienen vínculos con organizaciones terroristas, una medida que afecta en la actualidad a 41 personas.
Lo que cambiará es que aumenta el marco de las restricciones de desplazamientos al municipio de residencia, y que tales personas deberán fichar diariamente en comisaría.
Igualmente seguirán vigentes los registros administrativos de domicilios, aunque estarán sometidos a autorización previa por la autoridad judicial, que también podrá ejercer un control sobre el tratamiento de los elementos que se requisen.
Más de 240 personas han sido víctimas de atentados en Francia desde 2015 perpetrados por terroristas leales o inspirados por el Estado Islámico, indica Reuters. El último ataque, perpetrado el 1 de octubre en la estación de Saint Charles de Marsella, se saldó con dos muertos.
‘No al islam’
La brecha respecto al islam se acrecienta aún más en Europa. El 60% de los franceses admite ya sin ambages que no cree que el islam sea compatible con los valores de la sociedad, mientras que el 65% apuesta por reducir la inmigración. Estos dos asuntos se convirtieron en capitales durante la campaña de las presidenciales, pero la llegada de Emmanuel Macron al Elíseo no hace presagiar un cambio de sentido en este aspecto.
Es el nuevo cisma que vive la Europa de Bruselas y que en Italia ya se ha evidenciado en el Parlamento. Allí las figuras políticas del país discuten sobre una ley cuyo objetivo es otorgar la nacionalidad a los hijos de inmigrantes nacidos dentro de sus fronteras.
Una encuesta de Ipsos para Le Monde muestra un aumento del rechazo a la inmigración masiva entre los partidarios de todos los partidos, incluidos los socialistas. Según el 61% de los franceses, la mayor parte de los recién llegados no hace “esfuerzos” por integrarse en Francia.
Un 74% de los encuestados afirma que el islam quiere imponer “su modo de funcionamiento” a la sociedad francesa. Un sentimiento que es mayoritario entre los partidarios del Frente Nacional y Los Republicanos y que continúa al alza entre los socialistas y los votantes de Macron.
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