El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que ha encargado un proyecto de ley sobre la inmigración que espera que se adopte en el primer semestre de 2018 y que deberá servir para acelerar las expulsiones de personas en situación irregular.
«El modelo francés debe aproximarse al modelo alemán», subrayó Macron en un discurso ante los prefectos (delegados del Gobierno) sobre el programa de reformas que tendrán que aplicar.
Insistió en la actual «ineficacia» en la expulsión de los sin papeles.
La consecuencia es que «tenemos a cientos miles de inmigrantes en situación irregular» que «viven en una tierra de nadie», lo que es también «una forma de inhumanidad», agregó.
Según las cifras del Ministerio del Interior publicadas hoy por «Le Figaro», de las 91.000 personas detenidas el pasado año en Francia por no tener los papeles en regla, hubo 24.707 expulsiones efectivas, de las cuales 11.746 se formalizaron de forma voluntaria o con ayudas para el retorno y 12.961 a la fuerza.
El jefe del Estado matizó que «la inmigración cero no es posible», en primer lugar porque una parte de los extranjeros que acoge el país son personas que se casan con residentes en Francia, estudiantes o demandantes de asilo.
«Francia es el país de inmigración más antiguo de Europa», aseveró antes de recordar que ha descartado el establecimiento de cuotas, que sólo podrían aplicarse a la inmigración de profesionales y que no se ajustan a la realidad de los flujos que se dan en Europa.
Pero también dijo que quiere «una respuesta fuerte y coherente», que incluya una política de desarrollo en África y el envío de misiones a Níger y Chad para tratar desde allí las solicitudes de asilo así como para «contener el flujo» de los que intentan cruzar clandestinamente el Mediterráneo.
Avanzó que nombrará a un embajador que tratará con los países de origen y de tránsito para facilitar las expulsiones.
Macron prometió un aumento de las plazas de alojamiento para refugiados (5.000 suplementarias en 2018), y en paralelo una «lucha completa» contra las redes de traficantes.
Sobre los demandantes de asilo, reclamó un cambio «en profundidad» del tratamiento administrativo, para reducir los plazos de estudio de solicitudes, que ahora pueden llegar a 18 meses, hasta «una media de seis meses» incluyendo los recursos posibles.
El presidente advirtió de que el fin del estado de emergencia previsto para noviembre -está en vigor en Francia desde los atentados yihadistas de noviembre de 2015- incluirá disposiciones para mantener los controles de las fronteras interiores francesas, en particular con Italia, ahora la principal puerta de entrada de inmigrantes irregulares en Europa.
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