Altos responsables judiciales de Bélgica han lanzado una advertencia contundente: el país corre el riesgo de transformarse en un «narcoestado» si no se frena el crecimiento de las redes internacionales de narcotráfico.
La alerta ha sido emitida por Bart Willocx, presidente del Tribunal de Apelación de Amberes, y por Guido Vermeiren, fiscal general para las regiones de Amberes y Limburgo, quienes han denunciado el avance de organizaciones criminales con enormes recursos financieros capaces de corromper instituciones y desestabilizar la sociedad.
En declaraciones recogidas por The Guardian, Willocx advirtió de que el volumen de dinero que manejan estas redes es una amenaza directa para el Estado. «Las cantidades de dinero implicadas para influir, corromper o sobornar son tan grandes que representan un peligro real para la estabilidad de nuestra sociedad», afirmó. El fiscal Vermeiren fue aún más claro: «Estamos convirtiéndonos en un país con mucha corrupción y muchas amenazas».
El epicentro del problema se encuentra en el Puerto de Amberes, considerado uno de los principales puntos de entrada de cocaína en Europa. Según datos de Europol, más del 70% de la cocaína que llega al continente entra a través de los puertos de Amberes y Rotterdam.
Las incautaciones en Bélgica alcanzaron cifras récord en 2023, con 121 toneladas de cocaína interceptadas, aunque en 2024 descendieron a 44 toneladas debido a cambios en las rutas de tráfico y a métodos de ocultación más sofisticados. El flujo de droga ha generado una economía criminal paralela valorada en miles de millones de euros, con redes que se extienden desde Dubái hasta Sudamérica.
Las organizaciones criminales utilizan métodos cada vez más agresivos para garantizar sus operaciones. Según las autoridades judiciales, trabajadores portuarios reciben ofertas superiores a 250.000 euros por mover un sólo contenedor, y quienes se niegan pueden ser víctimas de amenazas o ataques.
Vermeiren explicó que algunos trabajadores han recibido cartas intimidatorias con fotografías de sus hijos, mientras que en otros casos se han registrado ataques con explosivos caseros contra sus viviendas.
Las mafias también reclutan a jóvenes extranjeros para sus redes, consiguiendo empleos para ellos en el puerto y posteriormente presionándolos para colaborar. Incluso se han detectado menores de tan sólo 13 años utilizados para tareas de contrabando.
Las consecuencias de este fenómeno se reflejan en un aumento de la violencia asociada al narcotráfico, con tiroteos, secuestros, torturas y blanqueo de dinero. En 2024, las autoridades desbarataron un plan en el que un grupo armado intentaba robar más de 1.500 toneladas de cocaína incautadas en un almacén aduanero.
El narcotráfico también ha logrado infiltrarse en instituciones públicas. Policías, personal sanitario y funcionarios han sido sobornados o amenazados para obtener información confidencial, como direcciones de jueces o detalles de investigaciones. Las cárceles tampoco han quedado al margen. Algunos reclusos continúan coordinando operaciones criminales desde prisión utilizando dispositivos introducidos ilegalmente.
La presión sobre el sistema judicial es tal que varios magistrados viven actualmente bajo protección permanente. Willocx describió cómo algunos jueces se han visto obligados a abandonar sus hogares por motivos de seguridad.
«De un día para otro tienes que dejar tu casa, tu familia y vivir en un lugar secreto», relató. En este contexto, algunos jueces reconocen temer que la presión del crimen organizado termine afectando incluso a las decisiones judiciales.
La situación no es nueva. En 2021, el fiscal jefe de Bruselas, Julien Moinil, fue objeto de una recompensa de un millón de euros ofrecida por la mafia albanesa durante la investigación sobre la red criminal vinculada a la plataforma Sky ECC.
Actualmente más de 100 personas —entre jueces, policías y políticos— cuentan con protección policial en Bélgica debido a amenazas relacionadas con el crimen organizado.
Ante esta situación, la ministra de Justicia Annelies Verlinden ha prometido aumentar la financiación del sistema judicial en 1.000 millones de euros hasta 2029 e impulsar medidas como la anonimización de documentos judiciales. Sin embargo, muchos expertos dudan de que estas medidas sean suficientes para frenar el poder creciente de las mafias del narcotráfico en el país.
