El Plan Mattei funciona: el Gobierno liderado por Giorgia Meloni logró reducir la llegada de inmigrantes ilegales a Italia en un 60% en el primer trimestre del presente año. En concreto, entre el 1 de enero y el 28 de marzo de 2024, 11.329 inmigrantes ilegales desembarcaron en las costas italianas. Es un 60% menos que en el mismo periodo de 2023, cuando llegaron 123.863 inmigrantes irregulares. El 11 de abril de 2023, Meloni se vio obligada a declarar el estado de emergencia migratorio por seis meses.
A lo largo del último ejercicio, la llegada de ilegales a Italia se triplicó respecto al año 2021. «Las cifras actualizadas del Ministerio del Interior muestran que las medidas del Gobierno de Meloni destinadas a frenar la inmigración están funcionando», expresaba Fratelli d’Italia en un comunicado. «La estrategia de nuestro país, compartida por primera vez en Europa, está dando sus frutos», añadían desde el Ejecutivo. «Los resultados no llegaron de inmediato, porque suponían un cambio estructural, pero un año después se puede decir que es la estrategia ganadora», decían.
Giorgia Meloni presentaba a finales de enero el conocido como ‘Plan Mattei’. Incluía inversiones en materia de educación, salud, agricultura, agua y energía en los países emisores de inmigración ilegal. El proyecto contaba con un presupuesto inicial de 5.500 millones de euros entre créditos, donaciones y avales. Además, el Gobierno italiano involucró en su desarrollo a instituciones financieras internacionales. Fue muy bien recibido por la Unión Europea, que se comprometió también a reforzar las fronteras.
«El objetivo es proporcionar a aquellos que estén pensando en irse razones para no hacerlo: oportunidades de trabajo, formación y crecimiento». Así lo explicaba tras su aprobación el senador Nicola Calandrini, presidente de la Comisión de Presupuesto. De «colaboración entre los dos continentes que están interconectados geográfica e históricamente».
Se trataba, en definitiva y según explicaba la propia Meloni de no dejar sola a África con sus problemas económicos. Aunque el plan lo presentó de forma oficial hace tan sólo unos meses, muchas de las iniciativas se aplicaron a lo largo del último año. El pasado 28 de marzo, Meloni ya ofrecía un análisis preliminar de los datos conocidos por su Ejecutivo: «En el último año, los desembarcos disminuyeron en un 60% en comparación con el mismo período anterior», explicaba.
La primer ministro remarcaba el éxito de la estrategia de Italia a nivel europeo. Además, afirmaba que su actuación influía positivamente en el debate europeo, cambiando el foco de la redistribución de los inmigrantes ilegales a la necesidad de detenerlos. Y destacaba que las llegadas desde algunos países prácticamente desaparecieron en 2024: «Los desembarcos desde Túnez han sido casi eliminados».
«A pesar de la oposición de la izquierda italiana y, en algunos casos, también europea, logramos resultados importantes», decía. La líder italiana apostaba por «garantizar una gestión eficaz y sostenible de los flujos migratorios, protegiendo al mismo tiempo las fronteras nacionales».
Recientemente, el Gobierno de Meloni también firmaba un acuerdo con la República de Albania para trasladar inmigrantes ilegales desde Italia. «Son medidas resultado de una visión única que confirma los principios de solidaridad de acogida en nuestro país», explicaba en los últimos días el senador de Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta.
El 22 de febrero el Parlamento de Albania ratificaba el acuerdo migratorio. El compromiso incluye la apertura de dos centros de recepción de inmigrantes con capacidad para 3.000 personas. El primer ministro del país, Edi Rama, aplaudía la resolución y afirmaba que Albania «está junto a Italia» a la hora de hacer frente a los desafíos migratorios que azotan Europa.
La estrategia de Italia y sus buenas cifras en los primeros meses de 2024, contrastan, por ejemplo, con las de nuestro país. En el primer trimestre llegaron a España un 277% más de inmigrantes ilegales que en el mismo período de 2023. Las peores cifras de desembarcos, (13.115) se registraron en Canarias, con una subida del 502,2% respecto al año pasado. Lejos de elaborar planes para paliar el problema migratorio de España o frenar el ‘efecto llamada’, el Congreso tramitaba este mismo martes una iniciativa para regularizar a 500.000 inmigrantes irregulares. La iniciativa de la izquierda radical buscaba que estas personas que residen de manera ilegal puedan acceder a todas las ayudas y subvenciones que ofrece el Estado. Tan sólo VOX votó en contra.
