El Gobierno de Meloni amenaza con bloquear un plan clave de la UE para combatir la inmigración ilegal, advirtiendo que esto otorga demasiado poder a Bruselas y corre el riesgo de ser contraproducente para los gobiernos nacionales. La propuesta, presentada por la Comisión Europea el pasado marzo, busca agilizar las deportaciones de inmigrantes irregulares mediante un mecanismo común entre los Estados miembros, que permitiría ejecutar órdenes de expulsión incluso si fueron emitidas por otro país de la Unión.
Aunque en un primer momento el Ejecutivo italiano respaldó el proyecto, ahora Roma ha dado un giro, cuestionando algunas de las disposiciones centrales del reglamento. La crítica más dura proviene del Senado italiano, donde la Comisión Parlamentaria de Políticas de la UE, a través del senador Marco Scurria (Fratelli d’Italia), ha planteado objeciones basadas en un informe técnico de 50 páginas elaborado por el Ministerio del Interior.
El documento advierte que la implantación de una «orden europea de retorno», uno de los ejes del nuevo marco jurídico, podría complicar el sistema en lugar de simplificarlo. Según el Senado, la medida, que exige el reconocimiento mutuo de las expulsiones emitidas por cualquier país miembro, reduciría la capacidad de decisión soberana de cada Estado sobre aspectos sensibles como el tiempo de prohibición de reingreso o las condiciones de retorno.
En lugar de facilitar los procesos, el Gobierno italiano teme que esta armonización impuesta genere más trabas administrativas. La crítica de fondo apunta a que Bruselas estaría imponiendo una visión centralista de la gestión migratoria que no siempre se adapta a las realidades de cada Estado miembro. De hecho, la evaluación italiana sostiene que la propuesta podría chocar con el principio de subsidiariedad y exceder los límites de proporcionalidad que deberían guiar la acción comunitaria.
La votación en el Senado italiano, que estaba prevista para esta semana, ha sido aplazada al próximo 25 de junio debido a las reservas planteadas. En función del resultado, Italia podría convertirse en el primer Estado miembro cuyo Parlamento se opone formalmente a la propuesta. Los parlamentos nacionales tienen hasta el 27 de junio para emitir observaciones dentro del proceso de revisión previa contemplado en los tratados europeos.
Hasta el momento, ningún otro país ha manifestado objeciones formales, lo que confiere un carácter especialmente relevante a la postura italiana. Si finalmente el Parlamento italiano se posiciona en contra, la Comisión Europea podría decidir ignorar las objeciones, responder a ellas o, en contadas ocasiones, modificar su propuesta.
Esta actitud desafiante no es nueva en la política exterior de Giorgia Meloni. Su partido, Fratelli d’Italia, junto a sus socios de coalición, ha venido cuestionando de forma sistemática las iniciativas de Bruselas en materia migratoria, posicionándose como una voz crítica frente al enfoque tecnocrático y supranacional de la Comisión. La intención declarada del Ejecutivo italiano es proteger la autonomía nacional ante decisiones que, a su juicio, afectan directamente a la soberanía y la capacidad de respuesta ante la presión migratoria.
