Los datos oficiales son demoledores: en 2024, la policía de Renania del Norte-Westfalia tuvo que intervenir 15.825 veces en albergues de solicitantes de asilo. En lo que va de 2025, hasta junio, ya se han registrado 6.797 actuaciones, una media de más de 1.100 al mes, según cifras publicadas por el propio gobierno regional en respuesta a una pregunta parlamentaria de la formación soberanista Alternativa para Alemania (AfD).
Las actuaciones policiales cubren un amplio abanico de delitos: tráfico de drogas, robos, extorsión, falsificación, apuñalamientos, agresiones sexuales, tenencia de armas e incluso homicidios.
Para el parlamentario regional Markus Wagner (AfD), las cifras demuestran que «el Estado ha perdido por completo el control«. Wagner denuncia que el Gobierno sigue negando la realidad y reclama la expulsión inmediata de cualquier solicitante de asilo que cometa delitos, evitando que circulen libremente por las calles o aspiren a la nacionalidad alemana.
Los datos llegan mientras crece la preocupación por la desproporcionada presencia de extranjeros en las estadísticas de delitos violentos. Sin embargo, la AfD acusa al Ejecutivo de manipular las cifras: si se incluyen otras vías de entrada como la reunificación familiar, reasentamientos de la UE o programas especiales, el total asciende a 131.000 llegadas en los primeros siete meses del año, casi el doble del dato oficial de solicitantes de asilo.
Para la AfD, el problema no es sólo cuantitativo sino cualitativo: el coste social y en seguridad de la inmigración descontrolada. Mientras el Gobierno intenta presentar un relato de normalización, los datos policiales muestran que en los refugios para solicitantes de asilo se concentran focos de delincuencia grave, con un ritmo de intervenciones que no da tregua a las fuerzas de seguridad.
