El eurodiputado de Patriotas por Europa (PfE), Jorge Martín Frías, registró una batería de preguntas dirigidas a la Comisión Europea con el fin de esclarecer el destino y los criterios que guían la millonaria asistencia comunitaria a México.
En una reciente respuesta oficial, Bruselas reconoció que «financia, en su apoyo a México, organizaciones de la sociedad civil centradas en el desarrollo democrático, social y económico», añadiendo que «la ayuda también abarca reformas inclusivas y ecológicas a través de las agencias de la ONU», lo que suscitó inquietud sobre la opacidad y las prioridades de dichos programas.
«Resulta especialmente alarmante —dijo Martín Frías— que se prioricen iniciativas ambientales o sociales sin tener en cuenta el contexto de extrema violencia e impunidad que vive México», un país de 126 millones de habitantes que desde 2006 acumula más de 460.000 homicidios vinculados al crimen organizado.
El eurodiputado reclamó a la Comisión un listado exhaustivo con las ONG mexicanas receptoras de fondos europeos, incluyendo las cuantías, el concepto de la ayuda y los expedientes de licitación. Asimismo, exige conocer los parámetros concretos con los que se definen las denominadas «reformas inclusivas y ecológicas» y los criterios para determinar el volumen económico destinado a tales proyectos.
En otra de sus preguntas escritas, Martín Frías se detuvo en las recientes elecciones judiciales celebradas en México —caracterizadas por una participación de apenas el 13%— que, según diversos observadores, ponen en entredicho la legitimidad del proceso y la confianza ciudadana en el sistema.
«Existen informaciones que apuntan a la elección de jueces con vínculos directos con el Gobierno o incluso con organizaciones criminales», subrayó el eurodiputado, destacando el caso de Silvia Delgado, exabogada del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán, que llegó a postularse para un alto cargo judicial.
En este contexto, preguntó a la Comisión si comparte su preocupación por la baja participación y la falta de transparencia, si dispone de informes de la Delegación de la UE en México u otros socios internacionales que confirmen irregularidades y si estaría dispuesta a paralizar la firma del Acuerdo Global Modernizado con México en caso de constatarse la infiltración del crimen organizado en el poder judicial.
Por último, el eurodiputado de PfE cuestionó a Bruselas acerca de los riesgos para la libertad de expresión derivados de los proyectos europeos de digitalización e interconexión financiados en México.
En los últimos meses, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha promovido reformas en la legislación de telecomunicaciones, motivadas en parte por tensiones diplomáticas con Estados Unidos, que buscan restringir la circulación de contenidos internacionales y aumentar la capacidad estatal de intervenir en los medios nacionales. «¿Considera la Comisión compatible financiar procesos de digitalización en terceros países que adoptan medidas contrarias a principios fundamentales como la libertad de información?», preguntó, añadiendo si la institución prevé mantener estas líneas de financiación allí donde no existen garantías suficientes para impedir su uso con fines de censura o control informativo.
